El Ministerio de Transporte anunció una revisión nacional de los sistemas de fotodetección. La medida no significa que todas las cámaras desaparecerán: serán evaluadas su legalidad, ubicación, señalización y aporte real a la reducción de siniestros.
El Gobierno nacional abrió un nuevo capítulo en la discusión sobre las fotomultas en Colombia. El Ministerio de Transporte anunció que revisará de manera integral los sistemas automáticos y semiautomáticos utilizados para detectar infracciones y advirtió que aquellos dispositivos que no tengan una verdadera justificación técnica podrán ser retirados.
La decisión fue adoptada por instrucción del presidente Abelardo de la Espriella y será ejecutada de manera coordinada por el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Superintendencia de Transporte y las demás entidades con competencia sobre estos sistemas.
La ministra de Transporte, Elsa Noguera, explicó que el propósito no es desmontar indiscriminadamente las cámaras que actualmente funcionan en las carreteras y ciudades, sino establecer cuáles responden verdaderamente a necesidades de seguridad vial y cuáles carecen de suficiente sustento.
Según la funcionaria, cuando durante la evaluación se encuentren abusos, irregularidades o incumplimientos, las autoridades deberán intervenir.
¿Qué van a revisar?
La evaluación tendrá en cuenta varios elementos antes de determinar si una cámara debe continuar funcionando.
Entre ellos estarán los índices de siniestralidad del sector, los límites de velocidad, la señalización existente, las características de cada corredor y la concentración o distancia entre diferentes dispositivos de fotodetección.
También se verificará que las cámaras cuenten con las autorizaciones y conceptos técnicos exigidos por la legislación.
El Gobierno sostiene que estos sistemas deben instalarse principalmente en lugares donde exista evidencia de que pueden prevenir accidentes o disminuir la gravedad de los siniestros, y no simplemente en puntos con alto flujo vehicular que puedan representar mayores ingresos por comparendos.
“La detección electrónica debe prevenir siniestros y salvar vidas, no convertirse en un mecanismo de recaudo a costa de los ciudadanos”, señaló Noguera al explicar el alcance de la revisión.
Las cámaras no desaparecerán de Colombia
El anuncio no representa, por ahora, el fin de las fotomultas.
De hecho, el Ministerio reconoce que los sistemas de control electrónico pueden ser una herramienta importante para reducir comportamientos peligrosos en las vías cuando están correctamente ubicados y operados.
La diferencia estará en que las nuevas autorizaciones tendrán que superar una revisión más exigente y demostrar técnicamente por qué se necesita instalar el dispositivo en determinado punto.
La estrategia también contempla utilizar otras herramientas de seguridad vial, entre ellas obras de ingeniería, mejor señalización, pedagogía y controles presenciales.
Expertos consultados por Noticias Caracol han advertido, además, que eliminar de manera generalizada estos sistemas tampoco sería conveniente, debido a que existen investigaciones nacionales e internacionales que muestran que los controles electrónicos pueden contribuir a reducir comportamientos de riesgo cuando están adecuadamente implementados.
Polémica en la Vía al Mar aceleró la revisión
Uno de los antecedentes inmediatos de la decisión ocurrió en la carretera que comunica a Barranquilla con Cartagena.
El Instituto de Tránsito del Atlántico anunció recientemente la instalación de tres nuevas cámaras de control de velocidad en ese corredor, que se sumarían a cuatro que ya se encontraban funcionando.
La ministra Elsa Noguera calificó como excesivo que la vía llegara a tener siete dispositivos y solicitó a la Agencia Nacional de Seguridad Vial suspender la entrada en operación de las tres nuevas cámaras mientras se revisaban sus condiciones.
Los equipos habían sido instalados en sectores como Turipaná y otros puntos de la Vía al Mar, pero todavía necesitaban autorizaciones adicionales para comenzar a operar.
Posteriormente, el Tránsito del Atlántico desistió de poner en funcionamiento los tres nuevos dispositivos y anunció que reforzaría estrategias pedagógicas y de prevención.
7,5 millones de comparendos siguen bajo investigación
La nueva revisión ocurre mientras continúa otro proceso de enormes dimensiones relacionado con las fotomultas.
Desde mayo, la Superintendencia de Transporte investiga a 37 organismos de tránsito por posibles irregularidades en sistemas automáticos de detección que estuvieron involucrados en la imposición de más de 7,5 millones de comparendos.
Las autoridades encontraron casos en los que los equipos presuntamente comenzaron a operar sin contar con el concepto de desempeño técnico exigido, utilizaron documentos expedidos para terceros o consiguieron los conceptos después de haber iniciado la imposición de comparendos.
Según el informe oficial, entre las autoridades investigadas aparecen organismos de tránsito de Cali, Medellín, Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Villavicencio, Valledupar, Montería, Sincelejo, Soledad, Sabaneta y Villa del Rosario, entre otros municipios.
Días después, la Superintendencia abrió actuaciones contra otros 12 organismos de tránsito, entre ellos los correspondientes a municipios como Bello, Cartago, Santa Marta, Valledupar, Barrancabermeja y Aguachica, por posibles problemas con autorizaciones de funcionamiento.
Millones de multas podrían verse afectadas
Dentro de la investigación inicial, la Superintendencia informó que 5.832.906 comparendos que todavía no habían sido pagados podrían ser revocados de oficio si se confirman las irregularidades investigadas.
Además, más de 1,58 millones de comparendos ya habían sido pagados, con un recaudo superior a $1,05 billones. La entidad advirtió que los organismos involucrados podrían tener que devolver recursos y afrontar sanciones si finalmente se determina que las multas fueron impuestas sin cumplir los requisitos legales.
Sin embargo, esto no significa que los 7,5 millones de comparendos hayan sido anulados automáticamente. Las investigaciones administrativas deben avanzar respetando el debido proceso y cada situación tendrá que ser definida por las autoridades correspondientes. Expertos y autoridades locales ya habían advertido que los efectos definitivos dependen de esos procedimientos.
Requisitos técnicos estarán bajo especial vigilancia
Uno de los puntos centrales de las investigaciones es el cumplimiento de la Ley 2251 de 2022 y de las disposiciones técnicas del Ministerio de Transporte aplicables a estos sistemas.
Entre los requisitos señalados por la Superintendencia aparece el concepto de desempeño tecnológico expedido por el Instituto Nacional de Metrología, diseñado para garantizar que los equipos utilizados para detectar infracciones funcionen de manera confiable.
También serán revisadas las autorizaciones otorgadas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y las condiciones bajo las cuales comenzaron a funcionar los dispositivos.
Gobierno endurecerá reglas para nuevas fotomultas
Además de revisar las cámaras existentes, el Ministerio anunció cambios hacia adelante.
La regulación nacional será evaluada para establecer criterios más estrictos para autorizar nuevos dispositivos, de manera que una autoridad territorial tenga que demostrar con estudios y datos que existe una necesidad real de seguridad vial antes de recibir autorización.
La discusión también llegó al Congreso. El senador Antonio Correa impulsa una iniciativa que plantea cambios al sistema, entre ellos fortalecer la identificación del verdadero responsable de la infracción, mejorar las notificaciones, revisar los embargos derivados de comparendos y evitar modelos contractuales en los que los operadores privados reciban incentivos directamente relacionados con la cantidad de multas impuestas.
Por ahora, los conductores deberán seguir cumpliendo las restricciones y límites establecidos donde las cámaras continúen autorizadas y en funcionamiento. La revisión anunciada no suspende automáticamente las fotomultas existentes ni elimina las obligaciones vigentes.
Lo que sí marca es un cambio de enfoque del Gobierno: las cámaras que permanezcan en las vías deberán demostrar que su principal razón de existir es reducir accidentes y proteger vidas, y no simplemente aumentar el recaudo por infracciones de tránsito.
