La Corte Constitucional cuestiona el trámite de la reforma pensional en la Cámara de Representantes, al señalar que no se discutieron las proposiciones ni los artículos del proyecto, lo que mantiene en suspenso su validez.
El futuro de la reforma pensional del Gobierno del presidente Gustavo Petro vuelve a estar en entredicho. El resultado de las sesiones extraordinarias del 27 y 28 de junio, en las que la Cámara de Representantes aprobó nuevamente el proyecto, está en vilo tras un nuevo pronunciamiento de la Corte Constitucional.
La Sala Plena expidió el Auto 841, pieza clave de este proceso, que se convirtió en el epicentro de una disputa interna debido a la negativa inicial de algunos magistrados a firmarlo. Este auto responde a la demanda presentada por la senadora Paloma Valencia, quien cuestionó la legalidad del trámite en la Cámara.
La advertencia de la Corte
El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, recordó que el alto tribunal ordenó devolver el proyecto al Congreso para subsanar un vicio de procedimiento. Sin embargo, lo aprobado en la Cámara no cumple con las exigencias. De esta manera, la senadora Valencia, a través de sus redes sociales, advirtió que la corporación tramitó de manera indebida la subsanación:
“En el afán de sesionar sin que estuviese publicado el auto, no supieron qué debían votar y volvieron a viciar la ley”. La congresista explicó que el proceso debía incluir la discusión y votación de la proposición que acogía el texto del Senado, así como el debate de las proposiciones presentadas por los representantes.
ATENCIÓN. La Cámara de Representantes tramitó de manera indebida la subsanación del vicio de procedimiento de la reforma pensional.
En el afán de sesionar sin que estuviese publicado el Auto, no supieron qué debían votar y volvieron a viciar la Ley.
La pensional se debe caer.… pic.twitter.com/UyoRqAKaeE
— Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) August 14, 2025
“A pesar de ello, la Cámara no discutió las proposiciones que presentaron los representantes. Recordemos que había más de 700 proposiciones en Secretaría, a lo cual se sumaron las 61 proposiciones que se radicaron durante las sesiones extraordinarias. Y, por si fuera poco, la Plenaria negó la proposición que buscaba reabrir la discusión del texto aprobado por el Senado”.
El error de trámite
Según Javier Almanza, coordinador del Área Laboral del Consultorio Jurídico de la Universidad del Rosario, el Auto 841 ordenaba que en un plazo de 30 días hábiles el Congreso corrigiera el error y realizara el trámite completo en la Cámara. “Sin embargo, esa votación y esa sesión se dieron sin la autorización o formalización del auto como tal. Solo existía un comunicado de prensa de la Corte, pero no un auto firmado. Con base en ese comunicado se realizó la discusión, lo que deja en entredicho la validez del procedimiento”.
La consecuencia, según Almanza, es que la Corte podría anular lo aprobado en la Cámara y suspender la aplicación de la reforma. “La consecuencia directa de este auto es que la reforma no se aplicaría en su totalidad. Solo podrían entrar en vigencia el artículo 12 y el artículo 76, que permiten a los afiliados trasladarse de fondos privados a Colpensiones”.
¿Qué sigue?
El panorama ahora es incierto. La Corte deberá definir si la reforma puede mantenerse o si debe ser archivada. Por su parte, el Congreso tendría que volver a abrir el debate en la plenaria. “La reforma pensional hoy no arranca, no está vigente. Tiene que hacerse nuevamente la discusión. En teoría, podría resolverse en un mes, dependiendo de la agenda legislativa”, explicó Almanza.
El experto advirtió que, incluso si el Congreso completa el trámite, la última palabra la tendrá la Corte: “Lo más probable es que el Congreso rehaga el trámite. Sin embargo, la Corte tendrá que estudiar no solo el procedimiento, sino la sostenibilidad financiera del sistema y otros aspectos de fondo que ya han sido demandados”.
Y concluyó Almanza: “Actualmente, no hay afectación a las mesadas pensionales ni a las que ya estén causadas en este momento. Por el contrario, lo que se genera desde el punto de vista administrativo y operativo es cierta incertidumbre porque no se ha definido qué va a pasar con el nuevo sistema”.
