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jueves, mayo 23, 2024

La JEP excluye caso de Cecilia Cubas y exjefes de las FARC protestan

En un giro que ha sacudido los cimientos del proceso de paz en Colombia, los exjefes de las FARC expresaron su profunda preocupación por la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de no juzgar el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas en 2004. Este caso, que implica al exmiembro del último secretariado de la guerrilla, Rodrigo Granda, ha desatado un debate acalorado sobre la interpretación del acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Gobierno y las FARC.

La revelación surgió a través de una carta publicada por Rodrigo Londoño, líder del partido Comunes y último comandante de las FARC, junto con otros seis exjefes de la guerrilla, incluido el propio Granda. En el comunicado, los líderes guerrilleros expresaron su sorpresa y descontento ante la decisión de la JEP, que consideran una amenaza directa al acuerdo histórico que puso fin a décadas de conflicto armado en Colombia.

La misiva argumenta que la exclusión del caso de Cecilia Cubas constituye una violación flagrante del acuerdo de paz, ya que contradice lo acordado previamente y socava la seguridad jurídica de todos los firmantes del acuerdo. Los exjefes de las FARC insisten en que la decisión de la JEP constituye un alejamiento preocupante de los principios de justicia establecidos en el acuerdo final de paz.

El caso en cuestión, que involucra a Rodrigo Granda en el presunto asesoramiento o colaboración en el secuestro de la hija del expresidente paraguayo Raúl Cubas, ha sido motivo de controversia tanto en Colombia como en Paraguay. Cecilia Cubas fue secuestrada en 2004 y su cuerpo fue encontrado sin vida cinco meses después, desencadenando una ola de conmoción en Paraguay y más allá.

La JEP, encargada de ofrecer penas alternativas a la prisión en el marco del proceso de paz, había estado considerando incluir este caso en el macrocaso 01, que aborda los crímenes cometidos por las FARC, incluidos secuestros y otras violaciones graves de los derechos humanos. Sin embargo, finalmente optó por no hacerlo, argumentando que el principio de territorialidad impedía su jurisdicción sobre delitos cometidos fuera de Colombia.

Esta decisión ha generado una reacción enérgica por parte de los exjefes de las FARC, quienes afirman haber cumplido con todas las solicitudes de la JEP y haber respetado su compromiso con la verdad y los derechos de las víctimas. Sin embargo, insisten en que la exclusión del caso de Cecilia Cubas representa un grave retroceso en el camino hacia la reconciliación y la justicia en Colombia.

El debate sobre el papel y la autoridad de la JEP en casos transfronterizos como este seguramente continuará, mientras el país busca consolidar la paz y superar las cicatrices de décadas de conflicto armado.

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