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lunes, mayo 27, 2024

Álvaro Uribe acusa «montaje» en su contra por caso de soborno de testigos

Álvaro Uribe ha reiterado sus afirmaciones sobre la existencia de un «montaje» en su contra en el caso de soborno de testigos, por el cual enfrentará un juicio próximo. En una declaración reciente, Uribe arremetió contra el senador Iván Cepeda, implicándolo en supuestas donaciones a uno de los testigos del caso.

Según Uribe, el senador Cepeda habría contribuido financieramente a la ONG de Defensa de los Presos Políticos, la cual habría entregado 12 millones de pesos colombianos (equivalentes a aproximadamente 3,000 dólares estadounidenses) a la familia del testigo principal en su contra, Juan Guillermo Monsalve, quien fue condenado por secuestro y otros delitos graves. Uribe sostiene que Monsalve es un testigo falso en su contra.

La Fiscalía anunció la semana pasada que Uribe enfrentará un juicio por los delitos de soborno de testigos en actuación penal y fraude procesal. El caso se remonta a 2012, cuando Uribe demandó a Cepeda por supuesta manipulación de testigos, después de que Cepeda preparara una denuncia en el Congreso por presuntos vínculos del exmandatario con el paramilitarismo. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia decidió no abrir una investigación contra Cepeda y en su lugar inició un proceso contra Uribe por manipulación de testigos.

Las acusaciones de soborno están relacionadas con el presunto pago de coimas a Carlos Enrique Vélez y Juan Guillermo Monsalve, quienes están cumpliendo condena en cárceles de Colombia.

Uribe ha expresado su indignación ante las acusaciones, sugiriendo que se trata de un caso políticamente motivado y carente de pruebas sustanciales en su contra. En sus redes sociales, publicó una serie de lo que denomina «pruebas del montaje», incluyendo denuncias de interceptaciones ilegales a su teléfono.

El exmandatario ha denunciado la falta de avances judiciales significativos en su defensa, señalando la declaración de caducidad de la acción disciplinaria en favor del analista de las interceptaciones por parte de la Fiscalía, así como la falta de acción contra los magistrados que ordenaron las interceptaciones.

Este caso continúa siendo objeto de atención y debate en Colombia, destacando la complejidad y las implicaciones políticas del mismo.

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