Gonzalo Hugo Vallejo Arcila
Llamamos “ucronía” (u–cronos; tiempo inexistente) a una reconstrucción histórica, lógica y argumentada basada en hechos que nunca sucedieron o que ocurrieron de manera diferente. La ucronía responde a una pregunta. “¿Qué hubiera pasado si…?”. Lejos de ser un simple juego ocioso, distópico o fantasioso, la ucronía tiene un enorme significado técnico, sociocultural y educativo. Funciona como laboratorio de análisis político–social; desmitifica la «inevitabilidad» trágica; es herramienta clave para planear prospectivamente. Además de estimular el pensamiento crítico, es valiosa herramienta didáctico–pedagógica que: enseña a pasar de un estado pasivo («aceptar la realidad») a una actitud crítica, creativa y proactiva («diseñar la realidad»). Las ucronías son meta–relatos que nos desafían a transformar crudas y crueles realidades a pesar de las urticarias que producen.
El ejercicio será anafórico (reiterativo). El tema referencial será las polémicas “tragedias naturales”. Usaremos 3 palabras claves: “Qué hubiera pasado”. Si se hubiesen ajustado los planes de gestión y prevención de riesgos a las condiciones de hábitat reales que viven nuestras comunidades locales. Si el 100% de los recursos destinados al reforzamiento estructural de las escuelas se hubiese ejecutado, en su debido momento, con la debida diligencia. Si las alarmas tempranas y los simulacros de evacuación hubiesen sido asumidos con rigurosidad y responsabilidad por los gobiernos de turno. Si las licencias de construcción en zonas de alto riego acuífero o amenaza sísmica se hubiesen otorgado bajo un estricto e incorrupto control de planeación urbana. Si la UNGRD hubiese administrado de manera descentralizada, eficiente y eficaz sus estrategias contingentes…
Si los Comités Pro–reconstrucción hubiesen instalado mesas técnicas y no voluntariados filantrópicos. Si las Secretarías de Salud hubiesen evaluado y ajustado los planes integrales de seguridad y la red de Salud Pública. Si se hubiesen respetado los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), los Panes de Mitigación de Riesgos y los “Acuerdos” sobre reubicación de comunidades vulnerables. Si Min–transporte y las concesiones viales hubiesen ejecutado obras de estabilización de taludes críticos en caminos y carreteras. Si se hubiese dado una real y efectiva articulación entre el SINA (Sistema Nacional Ambiental), los PROCEDA (Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental), los CIDEA (Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental), los PEI (Proyectos Educativos Institucionales) y los PRAES (Proyectos ambientales Escolares) …
Si se hubiese legalizado un fondo autónomo de emergencia sólo para catástrofes. Si la Contraloría General de la República hubiese auditado presupuestos de mitigación del riesgo. Si se hubiese denunciado que los mapas de riesgo de los POT habían sido alterados para favorecer ciertos intereses inmobiliarios. Si la Procuraduría General de la Nación hubiese suspendido y sancionado a gobernantes y funcionarios que ignoraron los mapas críticos de riesgo. Si se hubiese creado una “Unidad Especial” para judicializar y penalizar a las empresas constructoras violadoras de las normas de sismo–resistencia. Si los organismos de control hubiesen lanzado una plataforma digital a manera de «urna de cristal», para vigilar las donaciones internacionales. SI la Defensoría del Pueblo hubiese protegido a los ciudadanos damnificados que exigen y merecen trato digno y respetuoso.
Los recelos ciudadanos sobre dudosos “Fondos milagro”, “Gerencias de la fe” y Juntas Pro–reconstrucción que más parecen cofradías caritativas o sociedades de beneficencia, no se han hecho esperar. Las denuncias sobre malos manejos, corrupción e inexistencia de mecanismos preventivos en materia de gestión de riesgos, acompañados de estrategias socio–pedagógicas y coercitivas, son un flanco defensivo que debería activarse antes y después de la ocurrencia de una catástrofe por una razón bien sencilla: estaríamos preparados así, para tan penoso abordaje. Si las alertas sobre irregularidades estructurales, corrupción y malas prácticas socioambientales se hubieran tramitado, expuesto pública y oportunamente y judicializado, los riesgos propios de un “desastre natural” habrían sido conjurados y se hubiesen salvado muchas vidas y bienes.
