Por: Fabio Castaño
Han pasado semanas desde el terremoto del pasado 10 de agosto que sacudió al Eje Cafetero, al Valle del Cauca y al Chocó, pero para miles de familias la tierra sigue sin asentarse. No porque continúen los movimientos sísmicos, sino porque la incertidumbre, la angustia y la impotencia se han convertido en una segunda tragedia, mucho más silenciosa, que se prolonga cada día detrás de las puertas de una vivienda averiada, en los refugios temporales y en las oficinas públicas donde los damnificados esperan una respuesta que no llega con la urgencia que exige su situación. En Risaralda, la dimensión de la tragedia es enorme. Se habla de cerca de 60 mil predios afectados, una cifra que obliga a mirar esta emergencia mucho más allá de los daños visibles y de las ayudas entregadas durante los primeros días. No estamos hablando únicamente de viviendas humildes o de comunidades históricamente vulnerables. Una parte importante de los inmuebles afectados se encuentra en sectores residenciales de estratos 3, 4 y 5, como la Circunvalar, Pinares, Los Álamos, La Lorena y los bloques de apartamentos aledaños al Coliseo Mayor, entre muchos otros lugares de Pereira y Risaralda. Frente a semejante panorama, los subsidios anunciados por el Gobierno nacional son insuficientes si no están acompañados de una estrategia integral, financiación suficiente y procedimientos ágiles. Una ayuda económica puede representar un alivio inicial, pero difícilmente resolverá por sí sola la reconstrucción de una vivienda, la reparación de un edificio o el costo de una solución habitacional temporal durante varios meses. El país necesita comprender que una emergencia de esta magnitud no se atiende con anuncios aislados ni con convocatorias que obligan a los afectados a peregrinar de una entidad a otra. Tampoco es razonable que una familia que acaba de perder su casa tenga que convertirse en experta en formularios, certificados, conceptos técnicos y requisitos administrativos para demostrar, una y otra vez, que necesita ayuda. La burocracia no puede convertirse en una segunda catástrofe para quienes ya lo perdieron casi todo. Por eso, la respuesta debe cambiar de escala y de velocidad. La primera medida tiene que ser un censo único, completo, público y verificable de los inmuebles afectados, con clasificación de los daños y priorización de los casos según el riesgo estructural, la vulnerabilidad económica y las condiciones de habitabilidad. Pero hay otro terremoto, menos visible y no menos devastador: el económico. La sacudida del 10 de agosto no solo afectó edificios y viviendas. También golpeó el comercio, los establecimientos de servicios, las empresas y miles de puestos de trabajo que dependían de una economía local que hoy lucha por recuperarse. Según el balance de afectación económica divulgado por la Cámara de Comercio de Pereira, 51.716 empleos están comprometidos por las consecuencias del sismo. La cifra evidencia que la emergencia no puede entenderse exclusivamente como un problema de infraestructura: es también una crisis de ingresos, consumo y sostenibilidad empresarial. Como lo expresara el ex gobernador de Risaralda y empresario, Roberto Gálvez, el terremoto social que ahora nos azota, puede ser peor que el cimbronazo del pasado 10 de agosto.
