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domingo, mayo 19, 2024

Habrá Futuro a las malas y bajo riesgo

La ley es la ley y por dura que sea hay que cumplirla, solo que hay decisiones legales que dejan preguntas, porque si bien buscan proteger algunos derechos, también sirven de excusa para el desorden social.

Marzo de 2024 inició devastador para más de 150 familias que perdieron todo tras un voraz incendio en el asentamiento Futuro bajo. Antes de esto los desastres eran causados por los embates de la naturaleza, el agua del Consota entraba con violencia y no había palafito que resistiera.

La noticia generó tristeza y solidaridad, como es obvio, pero también la idea de que las personas no regresaran a ese lugar que representa, como se dijo anteriormente, un peligro constante, sobre todo para niños, ancianos y personas con movilidad reducida. Era la oportunidad para comenzar de nuevo con otras oportunidades. Pero dos factores se interpusieron entre el deseo y la terrible realidad; uno, realmente hay familias que no tienen otra salida y dos, que como es bastante conocido una vivienda subnormal es el tiquete de reconocidos avispados para hacer negocios.

Otra vez ¡palo arriba!

Han pasado dos meses y una semana en las que ya hubo hasta plantón, por la incertidumbre y necesidad de respuestas de quienes habitaban el lugar, pero ha sido el tiempo también en que la gran mayoría han conseguido materiales y construyen de nuevo su vivienda. Ante este panorama se consultó al director de la oficina de Control Físico de la Alcaldía de Pereira, Juan Manuel Ocampo.

La administración los primeros días estuvo muy firme y no permitió el regreso de las familias ¿qué pasó para que hoy las imágenes muestran otro preocupante panorama? “En el Futuro bajo la gente aprovecha las noches para construir, de un día para otro para hacer sus  viviendas y hoy por hoy no tenemos la capacidad operativa para reaccionar dentro de las 48 horas que tenemos, para que la gente no haga construcciones. Nosotros programamos todas las semanas operativos al sector, Sin embargo, yo no puedo programarlos todos los días. Si lo hago, me quedan evidentemente el resto de los lugares o invasiones de la ciudad descubiertas”. explicó Ocampo.

El funcionario habló sobre los procesos constructivos con condiciones de habitabilidad que adelantan estas personas y ya en ese momento el desalojo se vuelve un procedimiento administrativo sancionatorio a través de un inspector de Policía. “Nosotros lo que hacemos es levantar las actas como Control Físico, para poder remitir al inspector, pero debemos tener en cuenta que por la protección que la Corte Constitucional le da a los habitantes, el desalojo debe ser a través de un proceso que garantice el derecho de defensa”, aduce el director.

En este caso la ley es ambigua, es Zona de Protección Ambiental para cualquier intervención de la administración, pero los particulares no deben preocuparse por el daño que causan.

Entre asuntos legales

Las personas saben que es una zona de alto riesgo no mitigable, ante la presencia del río que aún y sin ser época de lluvias como la actual, nada se podía hacer ante las crecientes súbitas. “La gente no piensa en su integridad, su vida y su dignidad. Entonces hoy estamos en una encrucijada en la que si bien el municipio les informa primero los riesgos, segundo, la prohibición de habitar allí y las personas lo siguen haciendo, pues hay situaciones que a veces desafortunadamente el municipio no encuentra la forma de reaccionar ante las mismas personas, que dentro de su libertad desean poner en riesgo su vida”, comentó Juan Manuel Ocampo.

La corresponsabilidad del trabajo en cuanto a las invasiones va de la mano con los inspectores de Policía, al respecto el director informó: “Tenemos unas limitaciones que inclusive superan nuestra capacidad operacional e inclusive presupuestal. Nosotros hacemos una visita técnica si pasan las 48 horas y la Policía no ha desalojado a estas personas que habitan en el sector, levantamos un acta de visita, verificamos que efectivamente el lote se encuentra en alto riesgo y lo que sucede es que trasladan al inspector por reparto. Allí hay unas zonificaciones, el reparto lo maneja la Subsecretaría de Seguridad”.

En ese momento, como dice el funcionario, no importa quién lleve el proceso. Lo que importan son las pruebas, como una querella. En ese instante, la adelanta la oficina de Espacio Público, el inspector la recibe y empieza a requerir por ejemplo, la caracterización de las personas que están habitando en el sector. “Ahí entra la limitante por parte de la Corte Constitucional que dice en una de las Sentencias, en especial la 016 de 2021 y es que debe de incluirse a estas personas dentro de unos planes de vivienda alternativa”.

“Ese criterio de la Corte Constitucional hace que muchas veces los inspectores detengan los procedimientos hasta tanto la administración no tenga esas viviendas. Eso quiere decir reubicación de las personas en otro sector. Ahí radica la dificultad, porque el inspector, antes de tomar la decisión de desalojo y para evitar que posteriormente una tutela detenga el procedimiento, lo que hace es esperar que el municipio tenga esas opciones alternativas que se traducen prácticamente en reubicaciones”, informó el director.

Después del incendio la alcaldía estaba atada de manos para hacer un cerramiento del sector al ser Zona de Protección Ambiental y podrían acarrear una queja ante los entes de control por la intervención.

Dato

En este momento el municipio no tiene la capacidad de reubicar aproximadamente 30.000 viviendas que están en asentamientos subnormales.

Cifra

91 invasiones aproximadamente hay en Pereira.

“Invadir no debe, ni puede ser el camino a la vivienda digna”. Juan Manuel Ocampo.

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