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jueves, mayo 23, 2024

Defensoría emite alerta temprana para el municipio de Quinchía por posible presencia de grupos armados

Mucha preocupación y candente polémica generó el informe de riesgo que emitió la Defensoría del Pueblo en Risaralda, ante la presencia de grupos armados en cuatro corregimientos de Quinchía. Mientras esto se da a conocer, las autoridades departamentales señalan no tener ningún indicio de la presencia de estos grupos en la región.

Según el informe los grupos armados estarían operando en los corregimientos de Irra, Santa Helena, Batero y Naranjal, realizando acciones relacionadas con la explotación minera ilegal que se lleva a cabo en estos sectores.

Las autoridades departamentales están adelantando las investigaciones correspondientes, sin embargo la Alcaldía Quinchía hace un llamado para que no se estigmatice la localidad hasta que se dé una comprobación del informe.

“La alerta temprana llegó por parte de la Defensoría del Pueblo en donde se manifiesta que hay presencia de estos grupos al margen de la ley en el municipio, pero hasta el momento no tenemos reporte de que estas personas estén asentadas en la localidad, de todas maneras vamos a analizar esta alerta que nos llega”, expresó el alcalde de Quinchía, Jorge Alberto Uribe.

El jueves se estará llevando a cabo un consejo de seguridad en donde se tratará este tema, así como también se citará a Comité de Justicia Transicional para tener un reporte claro y conciso de la situación y evaluar de dónde provienen estas denuncias que generan zozobra en la comunidad, ya que desde el comité de víctimas no se ha reportado ningún tipo de quejas ante esta situación.

Por el momento el sistema de alertas tempranas está evaluando el informe regional que se entregó y una vez se tenga la verificación de los casos se elevará la alerta temprana en el espacio institucional.

“Vamos a trabajar de la mano con la Alcaldía de Quinchía, no para marcar ese municipio como bueno o malo, sino porque entre todos tenemos que construir una política para tranquilidad de los ciudadanos de esa localidad”, agregó el defensor nacional, Carlos Alfonso Negret Mosquera.

De ser así cerca de 24.130 personas estarían en riesgo, entre los cuales se cuentan líderes campesinos, familias en proceso de retorno, reclamantes de tierras, niños, niñas y jóvenes, mineros artesanales, ambientalistas y autoridades étnicas del pueblo indígena embera chamí.

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