La posible llegada de Viviane Morales Hoyos al Ministerio de Educación se convirtió en uno de los primeros focos de controversia para el Gobierno entrante de Abelardo De La Espriella. Aunque el anuncio formal aún estaba pendiente de ser presentado por el presidente electo, medios nacionales como Caracol Radio y Revista Semana reportaron que la exfiscal asumiría esa cartera a partir del próximo 7 de agosto.
El nombre de Morales no pasó inadvertido. Su trayectoria política, jurídica y religiosa provocó una rápida reacción de sectores de oposición, que cuestionan que una figura identificada con posiciones conservadoras llegue a dirigir una de las carteras más sensibles del país: la encargada de la política pública educativa, la formación ciudadana, la educación sexual, la autonomía escolar y la relación con docentes, universidades y comunidades académicas.
Caracol Radio informó que Morales ya lidera el empalme del sector Educación dentro del equipo del gobierno electo. Semana, por su parte, señaló que la exfiscal “tomará las riendas” del Ministerio y recordó que ha sido profesora en instituciones de educación superior, además de haber ocupado cargos de alto nivel en el Estado.
Morales es abogada de la Universidad del Rosario, tiene estudios de posgrado en Derecho Público en Francia y fue la primera mujer en ocupar la Fiscalía General de la Nación, cargo que ejerció entre enero de 2011 y marzo de 2012. También fue representante a la Cámara, senadora de la República y embajadora de Colombia en Francia durante el Gobierno de Iván Duque.
Sin embargo, su eventual nombramiento revive uno de los episodios más polémicos de su carrera política: el referendo que impulsó para restringir la adopción a parejas conformadas por un hombre y una mujer. Esa iniciativa fue cuestionada en su momento por organizaciones de derechos humanos y por la Defensoría del Pueblo, que advirtió que la propuesta afectaba principios relacionados con la igualdad, la protección de distintas formas de familia y los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Las críticas actuales se concentran en el temor de que el Ministerio de Educación adopte una agenda marcada por criterios religiosos o ideológicos. La representante Cathy Juvinao fue una de las primeras voces en rechazar la posible designación. La congresista sostuvo que Colombia es un Estado laico y que los derechos de las mujeres y de las minorías no pueden quedar sujetos a controversia política.
Juvinao también cuestionó la idoneidad de Morales para el cargo y afirmó que, existiendo perfiles técnicos en el sector educativo, resulta incomprensible que el Gobierno entrante opte por una figura que, según ella, no conoce de fondo las necesidades del sistema educativo.
A las críticas se sumó la representante Jennifer Pedraza, quien advirtió que la llegada de Morales al Ministerio podría representar un riesgo para la libertad de cátedra, la autonomía escolar y los derechos reconocidos por la Corte Constitucional. Pedraza también cuestionó que la educación pueda convertirse en un espacio de pago de favores políticos a sectores religiosos que respaldaron la campaña presidencial.
La controversia se produce en momentos en que De La Espriella avanza en la conformación de su gabinete para el periodo 2026-2030. En los últimos días se han conocido nombres para carteras estratégicas como Interior, Hacienda, Justicia, Ambiente y Educación, lo que ha comenzado a marcar el tono político del gobierno que asumirá funciones el 7 de agosto.
Para los sectores que respaldan a Morales, su experiencia en el Congreso, la Fiscalía, la diplomacia y la docencia universitaria representa una hoja de vida suficiente para asumir el reto. Para sus críticos, en cambio, el Ministerio de Educación exige un perfil técnico, pedagógico y plural, capaz de garantizar que las políticas públicas respondan al mandato constitucional de inclusión, laicidad y respeto por la diversidad.
Por ahora, la eventual designación ya instaló el primer gran pulso ideológico del nuevo Gobierno. Más allá del nombramiento, el debate anticipa una discusión de fondo sobre el rumbo que tomará la educación en Colombia durante los próximos cuatro años.
