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martes, abril 16, 2024

Santa Rosa de Cabal y Marsella, donde más juego ilegal se vende

La salud, principal afectada de la ilegalidad en el azar. Se estarían aprovechando de menores de edad, madres cabeza de hogar y adultos mayores.

¿Cuáles son las implicaciones de adquirir o comercializar juegos de azar ilegales? Más allá de las repercusiones legales contempladas y sancionadas por el Artículo 312 del Código Penal, es esencial considerar el impacto negativo en las contribuciones que las entidades encargadas de la distribución y regulación de dichas apuestas desempeñan en la sociedad, sobre todo en el departamento de Risaralda.

Lotería de Risaralda, en entrevista con este medio, expresó la importancia de apostarle a la legalidad. Bibiana Garcés, gerente de esta institución, reveló que hasta la fecha Risaralda ha sido uno de los departamentos donde más se ha trabajado en la lucha contra el juego ilegal, siendo pionero de diversas estrategias al realizar un trabajo mancomunado con el municipio de Belén de Umbría, en el cual se llevó a cabo una prueba piloto de sensibilización para que las personas que, en su mayoría vendieran el chance ilegal, desistieran de esta práctica:

“La informalidad y la ilegalidad en los juegos de suerte y azar afecta principalmente las transferencias a la salud de los risaraldenses, por el desvío de los recursos, impidiendo que estos lleguen al régimen subsidiado. Las estructuras ilegales se aprovechan de las poblaciones vulnerables induciendo a menores de edad, madres cabeza de hogar y personas de la tercera edad al promover y/o vender estos juegos ilegales, quienes por desconocimiento terminan en la cárcel o en procesos penales”, expresó la funcionaria.

Ha disminuido

A diferencia del departamento de Caldas, donde se conoció por parte de la Policía Nacional la alta incidencia de esta práctica, Risaralda se ha destacado por la disminución en este delito. Sin embargo, se conoció que en los años 2020 y 2021 “hubo ventas ilegales de chance y lotería cercanos a los 20.172 millones de pesos, situación que afectó significativamente la salud de las poblaciones más vulnerables. Esto quiere decir que, en promedio, la nación y el departamento dejaron de percibir, por tributos, cerca de 6.500 millones de pesos, distribuidos en IVA del 19%, derechos de explotación del 12% y gastos de administración en 1%, porcentajes acordes a la Ley 643 de 2001”, indicó la institución.

De acuerdo con el mismo estudio y las conclusiones de las Mesas de la Ilegalidad, se encontró que Marsella, Santa Rosa y Dosquebradas presentan un alto índice de ilegalidad, donde la capital risaraldense cuenta con aproximadamente 21 puntos, donde se presume existe venta de esta clase de juegos.

Empleo

El juego ilegal no solo representa una amenaza para la legalidad y el bienestar de los apostadores, sino que también tiene consecuencias significativas en el ámbito laboral, generando un impacto negativo en la generación de empleo y la seguridad financiera de quienes participan en la industria legal de juegos de azar. Solo en Risaralda, más de 420 loteros dependen de esta industria lícita de rifas y juegos de azar para su sustento.

Finalmente, Garcés expresó que es un desafío para la administración actual “trabajar de la mano de los gremios, los entes competentes para combatir este fenómeno social y económico. Es fundamental buscar alternativas laborales de formalización para que las personas que devengan su sustento para sus familias tengan otras oportunidades y por supuesto puedan trabajar tranquilamente, debido a que vender cualquier rifa, lotería, chance ilegal trae consecuencias”.

Y acotó: “También vamos a invitar a los risaraldenses a que nos comuniquen cuando encuentren personas haciendo la venta ilegal, sabemos que de pronto no esperamos que sea muy representativa esa cifra porque sabemos que las personas también hacen arte y parte de esta práctica, la idea es abordarlos por todos los medios”.

Estos aportes, los cuales se dividen: 12% por ventas directas de lotería, de los cuales el 68% es para ADRES, 25% directamente a la salud y un 7% para Colciencias y el fortalecimiento de la ciencia, la tecnología y la innovación.

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