El Gobierno nacional prepara un Estatuto Antiterrorista que será presentado ante el Congreso de la República y con el que pretende establecer nuevas reglas para enfrentar a estructuras armadas ilegales vinculadas con actividades como el narcotráfico, atentados y otras acciones violentas en el país.
El anuncio fue hecho por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien explicó que uno de los principales componentes de la iniciativa será la creación de un sistema oficial de clasificación de organizaciones terroristas. Con este mecanismo, el Ejecutivo busca llenar lo que considera un vacío dentro de la legislación colombiana.
Según explicó el funcionario en entrevista con Noticias Caracol, actualmente el Código Penal contempla el terrorismo como delito, pero no existe una categoría jurídica específica que permita definir formalmente cuándo una estructura completa puede ser considerada una organización terrorista.
Lista tendría consecuencias jurídicas
La propuesta busca que aquellas organizaciones que ingresen al registro estén sometidas a medidas diferenciadas de carácter penal y penitenciario, dependiendo de su nivel de amenaza y de las actividades criminales que desarrollen.
Entre las herramientas contempladas estarían regímenes penitenciarios especiales, nuevas circunstancias de agravación de penas y disposiciones que permitan a las autoridades actuar frente a personas cuya vinculación con estos grupos sea comprobada judicialmente.
El Gobierno también pretende incorporar nuevos delitos relacionados con las fuentes de financiación de estas estructuras. Uno de los puntos mencionados por Lara es la denominada gran minería ilegal o minería criminal ligada a organizaciones terroristas, actividad que, según el Ejecutivo, puede convertirse en fuente de recursos para organizaciones dedicadas al narcotráfico y otras economías ilícitas.
Gobierno asegura que existirán controles
Frente a las inquietudes por posibles excesos de las autoridades, el ministro sostuvo que el estatuto no pretende establecer facultades indiscriminadas sobre la población ni crear un estado de excepción permanente.
Lara aseguró que cualquier medida deberá respetar la Constitución, las decisiones judiciales y las garantías establecidas en la ley. Además, señaló que las disposiciones especiales solo podrían aplicarse cuando exista evidencia debidamente corroborada sobre la pertenencia o relación de una persona con alguna de las organizaciones incluidas en el listado.
¿Qué grupos podrían ser incluidos?
Aunque la conformación definitiva del registro dependerá del contenido que apruebe el Congreso, el ministro mencionó algunas estructuras que, a juicio del Gobierno, podrían cumplir los criterios establecidos en la futura legislación.
Entre ellas aparecen las disidencias de las Farc comandadas por alias ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’, la Segunda Marquetalia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
El Ejecutivo sostiene que estas estructuras combinan acciones armadas con economías ilegales, especialmente el narcotráfico, y considera necesario establecer herramientas jurídicas específicas para combatirlas.
El anuncio también se produce en medio de las investigaciones por los recientes incendios forestales registrados en Tolima, donde las autoridades analizan la hipótesis de que algunos focos hayan sido provocados deliberadamente para generar caos, distraer a la Fuerza Pública o favorecer actividades criminales.
El siguiente paso será la radicación formal del Estatuto Antiterrorista ante el Congreso, escenario en el que comenzará la discusión sobre el alcance de la lista, las facultades que tendría el Estado y los controles constitucionales que deberán acompañar su aplicación.
