Tras un consejo de seguridad en Barranquilla, el presidente impartió nuevas instrucciones a la Fuerza Pública, Migración Colombia y organismos de inteligencia. Barranquilla será una de las primeras ciudades donde comenzarán los operativos contra extranjeros en situación irregular.
El Gobierno Nacional presentó una nueva hoja de ruta para enfrentar la criminalidad en Colombia. Operativos contra extranjeros en situación migratoria irregular, creación de un Bloque Nacional de Búsqueda contra la Extorsión, persecución de las finanzas ilegales y una ofensiva conjunta contra organizaciones criminales hacen parte de las instrucciones impartidas por el presidente Abelardo De La Espriella.
Las decisiones fueron anunciadas después de un consejo de seguridad realizado este domingo 23 de agosto en Barranquilla, donde el mandatario se reunió con autoridades civiles, integrantes de la Fuerza Pública y responsables de diferentes organismos del Estado.
De La Espriella aseguró que su administración buscará una mayor coordinación entre Policía, Ejército, Armada y Fuerza Aeroespacial, argumentando que las divisiones institucionales terminan favoreciendo a las estructuras ilegales.
Operativos contra extranjeros comenzarían esta semana
Uno de los anuncios que mayor atención generó estuvo relacionado con la política migratoria.
El presidente ordenó a Migración Colombia coordinar con la Policía operativos para identificar extranjeros que se encuentren irregularmente en el territorio nacional. Barranquilla será uno de los primeros lugares donde comenzarán las acciones y posteriormente la estrategia podría extenderse al resto del país.
La prioridad, según explicó, estará inicialmente en extranjeros presuntamente vinculados con actividades delictivas y posteriormente en quienes no tengan regularizada su permanencia.
“Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos”, manifestó el jefe de Estado al explicar su posición sobre el tema migratorio.
El anuncio no significa, sin embargo, que una deportación pueda realizarse sin procedimiento administrativo. La normativa colombiana establece que Migración Colombia debe adoptar este tipo de decisiones mediante una resolución motivada y de acuerdo con las causales establecidas legalmente, entre ellas encontrarse en permanencia irregular.
Antes de este anuncio, las deportaciones y expulsiones ya formaban parte de la política migratoria colombiana. Migración Colombia informó que durante los primeros meses de 2026 se habían registrado 310 actuaciones de este tipo y que durante el Gobierno anterior se contabilizaron cerca de 6.000.
Gobierno quiere tratar estructuras criminales como terroristas
Otro de los puntos centrales fue el cambio de enfoque frente a las organizaciones ilegales.
De La Espriella planteó que las estructuras vinculadas al narcotráfico, minería ilegal, extorsión y contrabando sean enfrentadas bajo una estrategia común contra lo que su Gobierno denomina organizaciones terroristas.
“Todos son terroristas y los vamos a tratar como tal”, señaló durante el consejo.
El mandatario argumentó que esas economías ilegales están conectadas y que el narcotráfico actúa como una de las principales fuentes de financiación de otras expresiones criminales.
Desde el punto de vista jurídico, la declaración presidencial constituye un lineamiento político y de seguridad, pero no sustituye las competencias de fiscales y jueces. El Código Penal mantiene requisitos específicos para configurar el delito de terrorismo, entre ellos provocar o mantener un estado de terror o zozobra mediante actos capaces de poner en riesgo a personas o infraestructura.
Crearán Bloque Nacional contra la Extorsión
La extorsión será otro objetivo prioritario.
El presidente ordenó conformar un Bloque de Búsqueda Nacional contra la Extorsión, integrado por diferentes componentes de la Fuerza Pública, cuya misión será identificar, localizar y capturar a los principales cabecillas de estas estructuras.
La estrategia pretende ir más allá de los delincuentes que realizan llamadas o cobran directamente las extorsiones. El Gobierno quiere llegar hasta quienes coordinan y reciben los recursos obtenidos mediante estas amenazas.
De La Espriella también pidió comenzar los traslados de internos relacionados con redes de extorsión, especialmente en aquellos casos donde existen indicios de que las actividades criminales continúan siendo coordinadas desde establecimientos penitenciarios.
UIAF irá detrás del dinero de las organizaciones
El Gobierno pretende complementar las operaciones militares y policiales con una ofensiva financiera.
De La Espriella ordenó fortalecer el trabajo de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) en coordinación con Policía, Fiscalía y sector bancario para identificar movimientos económicos asociados con organizaciones ilegales.
La intención es seguir el recorrido del dinero producto del narcotráfico, la extorsión y otras economías criminales para afectar directamente los patrimonios de las estructuras.
El mandatario también pidió recuperar y analizar información financiera que, según afirmó durante el consejo, no habría sido recibida adecuadamente durante los últimos cuatro años.
Equipos élite de fiscales y jueces
La nueva estrategia contempla además fortalecer la coordinación entre quienes realizan las operaciones y quienes posteriormente deben judicializar a los capturados.
De La Espriella anunció que busca disponer en diferentes ciudades de equipos especiales de fiscales, acompañados por unidades élite de Policía y Fuerzas Militares.
También planteó la posibilidad de trabajar con jueces itinerantes en zonas donde funcionarios judiciales puedan enfrentar amenazas de las organizaciones criminales.
El objetivo, según el Gobierno, es evitar que los resultados operacionales se pierdan posteriormente por dificultades en los procesos de investigación y judicialización.
Hurto, homicidio y ‘gota a gota’ también serán prioridad
La nueva política no estará concentrada exclusivamente en grandes estructuras armadas.
El mandatario ordenó reforzar las acciones contra delitos que afectan directamente la vida cotidiana de los ciudadanos, particularmente homicidios, hurtos y redes de préstamos ilegales conocidas como “gota a gota”.
También puso bajo la lupa a los llamados carteles de tierras o “tierreros” y pidió una coordinación entre la Superintendencia de Notariado y Registro, el Ministerio de Defensa y la Fiscalía para investigar posibles organizaciones dedicadas a apropiarse ilegalmente de predios.
Barranquilla será laboratorio de la estrategia
Varias de estas medidas comenzarán a probarse en Barranquilla y su área metropolitana.
El Gobierno anunció allí la reactivación del sistema de recompensas, nuevas redadas y operativos, fortalecimiento de una red de cooperantes, mayor inteligencia y acciones contra el microtráfico.
También se estudia aumentar cuadrantes y pie de fuerza y revisar las capacidades tecnológicas disponibles para vigilancia.
El presidente aseguró que la siguiente reunión de seguridad en la ciudad tendrá como finalidad evaluar resultados y comprobar cuáles de las instrucciones fueron ejecutadas.
Las decisiones conocidas en Barranquilla muestran el tono que tendrá la estrategia de seguridad durante las primeras semanas del nuevo Gobierno: mayor coordinación de la Fuerza Pública, persecución financiera de las organizaciones criminales, endurecimiento de los controles migratorios y prioridad en delitos como extorsión, homicidio y hurto.
Ahora el desafío estará en cómo se traducirán esas órdenes en operaciones concretas y cómo serán aplicadas dentro de los límites establecidos por la Constitución, la legislación penal y las normas migratorias colombianas.
