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sábado, octubre 1, 2022

El 4×1.000

Si hay algún impuesto o contribución que sea impopular es el del llamado 4×1.000 o gravamen a las transacciones financieras que realizan los colombianos. Y lo es, no tanto por  el pago como tal, sino porque fue creado como un 2×1.000 con la promesa que sería temporal y con el tiempo, antes de desaparecer, de un lado se ha vuelto permanente y, del otro, se ha ido incrementando hasta llegar al hoy 4×1.000.

Por eso, genera tanta expectativa y si se quiere es tan bien recibida la iniciativa de la representante Katherine Miranda de desmontar paulatinamente este impuesto, un punto por año y hasta el año 2025, y reemplazarlo por, entre otros, un gravamen a los salarios superiores a 25 millones de pesos y la eliminación de la exención a las personas jurídicas o naturales que hagan una inversión superior a 13.000 millones de pesos y que además, generen más de 250 empleos.

No es la primera vez, por supuesto, que desde el Congreso se haya querido rebajar o desaparecer este impopular impuesto. En varias oportunidades se han presentado iniciativas similares, pero una y otra vez han fracasado. Es más, varios gobiernos en sus campañas electorales se han comprometido a desmontarlo progresivamente, pero con la disculpa de cualquier hecho intempestivo que signifique uso de recursos significativos no previstos y que en el país ocurren permanentemente, han aplazado o desistido de la idea.

Seguramente, esta vez tampoco será fácil conseguir la mayorías en ambas corporaciones que permitan sacar adelante el proyecto y tampoco, dada la situación fiscal del país y el desequilibrio presupuestal agravado por los inesperados gastos para combatir la pandemia, el apoyo del Gobierno que permita el éxito final de la iniciativa. Pero independiente de esto, no parecen muy sólidas las propuestas de los autores del proyecto para  reemplazar los ingresos que se dejarían de recibir con la eliminación del 4×1.000.

Eliminar, por ejemplo, la exención de algunas contribuciones a las llamadas mega-inversiones, no parece una buena idea. Quitar estos beneficios significaría desestimular la gran inversión y la generación de empleo que tanto está necesitando el país en momentos en que la economía pasa por una crisis severa y que en vez de castigos lo que se necesita son estímulos.

De todas maneras, el proyecto recoje un clamor nacional y una promesa frustrada de sucesivos gobiernos, que cuando hacen números de lo que significa en recuados el 4×1.000,  guardan prudencia; pero que, así está demostrado, están de acuerdo con que es un gravámen oneroso y que bien podría estudiarse con seriedad e idearse un plan desvanecimiento progresivo que no golpee las finanzas del Gobierno y que alivie el bolsillo de millones de colombianos.

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