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domingo, junio 26, 2022

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¡Qué contradicción! Una norma que fue ideada y ha sido anunciada y promocionada para combatir la corrupción, se constituye en la peor mordaza a la libertad de prensa y en una coraza contra los medios de comunicación y los periodistas que investigan y denuncian las andanzas de los funcionarios públicos venales y confianzudos.

La nueva norma, que ya hizo tránsito completo tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes y que solo tiene pendiente la sanción presidencial para convertirse en ley de la República, establece una pena de entre cinco y diez años de prisión y una multa millonaria a aquellos periodistas que señalen públicamente a un funcionario o exfuncionario público o a un familiar cercano que haya cometido un evidente acto de corrupción.

Como si esto fuera poco, el articulado de la recién aprobada ley contempla la posibilidad de cancelarle la personería jurídica o la licencia de operación a la empresa periodística o a la institución dueña del medio en donde se haya publicado las críticas o los señalamientos de corrupción.

En una sociedad contemporizadora como la nuestra, a la que todo le parece normal e inclusive que ha perdido la capacidad de asombro frente a la corrupción, lo único que quedaba en la vigilancia de los dineros públicos y los bienes del Estado, eran los medios de comunicación y sus periodistas.

La inmensa mayoría de los hechos más sonados de corrupción se han conocido gracias a las denuncias públicas que han hecho algunos medios de comunicación y las investigaciones de estos excesos han avanzado porque también los medios han presionado para que se conozca sus avances o cuestionado alguna decisión que favorece a los responsables de los desmanes cometidos.

Ejemplos hay de sobra de investigaciones contra altos funcionarios del Estado, que se ha evitado que prescriban o que duerman en los anaqueles de los juzgados, y en muchos casos que hayan podido llegar a sentencia final, por cuenta de los aportes que los periodistas le han hecho a los procesos con sus indagaciones e informes periodísticos.

Impedir, pues, mediante la amenaza de denunciarlo e imponerle una alta sanción económica, que un periodista o un medio de comunicación pueda publicar un hecho de corrupción y señalar a sus autores y cómplices, lejos de ser una herramienta en la lucha contra la corrupción, es tal vez el mejor escudo protector para los funcionarios confianzudos y uñilargos.

Con esta ley Colombia queda a un paso de lo que sucede en Venezuela y Cuba donde está prohibido hablar mal del gobierno, cuestionar sus actuaciones y denunciar los hechos de corrupción cometidos por algún funcionario y detectados dentro de la Administración, y quien lo haga corre el riesgo de ser denunciado y encarcelado, y su medio cerrado o apagado.

Para estar informado

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1 COMENTARIO

  1. Buenos días, bueno hay que explicar cómo es la ley primero antes de dar conceptos errados , espero que ud en algún momento publique cómo es la ley , gracias

Los comentarios están cerrados.

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