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viernes, junio 24, 2022

La otra discusión

Es tendencia

El ruido ensordecedor

Una modalidad que crece

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Una encendida polémica ha generado entre artistas, compositores, casas disqueras y recaudadores del impuesto, una demanda interpuesta ante la Corte Constitucional del artículo 68 de la Ley 44 de 1993, más conocida como ley de derechos de autor, por la forma como se reparte la contribución por divulgación o ejecución pública de la música.

Los demandantes argumentan que la norma que establece que el titular del derecho patrimonial de autor recibe el 60% de la remuneración que se obtenga por la divulgación o ejecución pública de la obra, desconoce la libertad de contratar, la autonomía y la prohibición de discriminación; y limita de manera desproporcionada la posibilidad de negociación entre las partes involucradas en el campo artístico.

Añaden los demandantes que la fórmula de distribución establecida en la ley vigente crea escenarios de arbitrariedad para algunos intérpretes o titulares de derechos conexos, dadas las dinámicas actuales del mercado.

Quienes respaldan la demanda, como las casas disqueras, sostienen que la norma actual obliga a los titulares de derechos de autor y a quienes negocian con ellos, a adoptar condiciones básicas que eliminan la libertad de los titulares de escoger la forma en que se desarrollan los contratos, y que, además, ignora el contenido y alcance de la clausula de salvaguarda del derecho de autor contenido en todos los tratados internacionales sobre derechos conexos.

El Centro de Estudios de la Universidad Externado de Colombia, que también apoya la demanda, afirma que hay un trato diferencial injustificado, porque no siempre los derechos de autor y los derechos conexos coinciden con el creador de la obra, pues esto pueden ser ostentados por terceros como herederos, legatarios o adquirentes por medio de un contrato de cesión, o de obra  por encargo.

De otro lado, las asociaciones de compositores, autores e interpretes que respaldan la norma actual, argumentan que lo que esta intenta es equilibrar una relación que en la práctica es desequilibrada reconociendo un porcentaje de lo que se obtiene por remuneración de la comunicación pública de las obras, y, además, que una obra y un intérprete sin un productor no puede hacer con éxito su labor de mercadeo, publicidad y distribución.

Pero al margen de esta discusión y sobre la que la Corte tiene la última palabra, hay otra que es necesario dar y es la forma como asociaciones como Sayco y Acinpro tarifan y cobra los derechos de autor y, más importante aún, el curso que están teniendo los dineros que recaudan y que supuestamente van con destino al productor.

Todo indica que en buena hora la Corte Constitucional debe revisar una ley que parece haber desconocido por mucho tiempo elementales derechos a los compositores, autores e intérpretes, y limitado su voluntad para contratar y negociar su trabajo, así como que los derechos de autor y los conexos no siempre coinciden.

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