Fallo que perjudica

Si lo que pretende el Consejo de Estado con el fallo que resuelve una demanda de una abogada que trabajó durante siete años con una entidad pública bajo la modalidad de un contrato de prestación de servicios, es proteger al contratista oficial que tiene un contrato con el Estado y cada tres meses tiene que vivir una odisea administrativa y económica para que se lo renueven; lo que está haciendo en la práctica es perjudicándolo.

Hoy miles de contratistas tienen que desgastarse cada tres meses, porque las entidades públicas han adoptado la odiosa e inequitativa práctica de  hacer la inmensa mayoría de sus contratos a 90 días con el fin de poderlos utilizar como medio de presión política, haciendo nuevamente todo el papeleo que exige la ley para renovar su contrato.

En adelante, con el fallo del Consejo de Estado, las entidades públicas no podrán renovar una y otra una vez el mismo contrato, puesto que este sistema de vinculación laboral viola las garantías especiales de la relación laboral que contempla la Constitución Nacional, lo que significa que si las labores que desempeña el contratista son permanentes se debe crear el cargo.

Pero como las entidades oficiales, primero tienen limitaciones de ley para crecer su nómina y segundo, carecen del presupuesto y los recursos para crear nuevos cargos, lo que tendrán que hacer, para cumplir con la decisión de Alto Tribunal, es dejar pasar en cada contrato los 30 días de que habla el fallo, para ahí si volver a contratar la persona.

Esto en la práctica se traducirá en que el contratista trabajará tres meses, tendrá que quedarse por fuera un mes mínimo para poder volver a ser contratado. Es decir que en un año podrá laborar máximo nueve meses, el 75%, el resto será esperando que pasen los 30 días para que pueda volver a ser contratado.

Todo esto con un agravante y es que los 30 días que estará por fuera la persona, los tendrá que trabajar sin  ninguna remuneración; porque los entes públicos no pueden parar sus labores y al contratista, así no le estén pagando, tendrá que asistir a la ofician a hacer el trabajo, primero porque así se lo piden y segundo, si no quiere que el trabajo se le acumule y lo encuentre represado cuando le hagan el nuevo contrato.

El fallo del Consejo de Estado, pues, lejos de beneficiar y proteger los derechos de quienes trabajan con el Estado bajo la modalidad de un contrato de prestación de servicios, lo que esá haciendo es, ante la imposibilidad de crearse el cargo y ser nombrarlo, limitándole la posiblidad de trabajar, en el mejor de los casos, a solo nueve meses al año y, por supuesto, reduciéndole sus ingresso por lo menos en un 25%.

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