La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció este viernes la apertura de una investigación contra la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y 29 clubes por presuntas acciones encaminadas a obstaculizar el crecimiento y desarrollo del fútbol femenino en el país.
«Entre las presuntas prácticas anticompetitivas identificadas por la SIC estaría la fijación de una tabla de salarios para que la mayoría de las jugadoras profesionales ganaran entre el salario mínimo y un tope de 4,5 millones de pesos (unos 1.130 dólares)», señalo la SIC.
La Superintendencia advirtió que, en caso de confirmarse estas acusaciones, se podrían imponer multas de hasta 116.000 millones de pesos por cada infracción a las entidades involucradas, entre ellas la FCF, la Dimayor y los clubes involucrados.
De acuerdo con la Superintendencia, los involucrados habrían implementado un sistema destinado a restringir la competencia en el mercado de la liga femenina colombiana desde el año 2017, cuando se celebró la primera edición del torneo, hasta la fecha.
🚨Atención🚨
La #SIC formuló pliego de cargos contra la Federación Colombiana de Fútbol @FCF_Oficial, la @Dimayor y 29 clubes de fútbol para determinar si habrían actuado contra la libre competencia en el mercado de la Liga Profesional Femenina.
Detalles: https://t.co/pJDmOXn3FT pic.twitter.com/XtvFyrWHgB— Superintendencia de Industria y Comercio 🇨🇴 (@sicsuper) September 22, 2023
En este sentido, el organismo indicó que entre los clubes investigados se encuentran Atlético Nacional, Millonarios, Santa Fe y América de Cali, entre otros. Al parecer, estos equipos habrían estandarizado algunas cláusulas fundamentales, tales como contratos laborales para la vinculación de las jugadoras, únicamente por el tiempo que duraba la Liga. Es importante mencionar que históricamente la temporada más larga, duró cinco meses y solo se juega una vez al año.
«Los clubes estandarizaron una cláusula relacionada con la explotación de los derechos de la imagen individual de las jugadoras, según la cual las jugadoras tendrían la obligación de participar en campañas publicitarias de los anunciantes que el club eligiera, sin derecho a una contraprestación adicional», explicó la SIC.
Aparentemente, los equipos con ayuda de la FCF y la Dimayor, establecieron una tabla de salarios que categorizaba a cada jugadora en función de la cual se determinaba su remuneración, con una tarifa fija de 4,5 millones de pesos mensuales.
«La suma de estas conductas habría significado para las jugadoras recibir un salario cercano al mínimo legal por un tiempo no superior a 4 meses y una sola vez al año, lo cual obstaculizaría el desarrollo del fútbol femenino porque en la práctica la mayoría de las jugadoras profesionales no tendrían la posibilidad de dedicarse exclusivamente a esa actividad y tendrían que buscar otras fuentes de ingresos, lo que podría comprometer su desarrollo profesional», añadió la SIC.
Por otro lado, la Superintendencia también acusó a la FCF y a la Dimayor de no aceptar los fondos ofrecidos por el Gobierno para el fútbol femenino en Colombia. «Los directivos de las instituciones investigadas se habrían negado a recibir o utilizar esos fondos, aunque uno de los principales argumentos que han referido para explicar las condiciones del mercado del fútbol femenino es la falta de patrocinio y presupuesto para el desarrollo de la Liga Profesional», expresó el organismo.
Además, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) indicó que la Dimayor firmó un contrato con el canal de televisión Win Sports para la transmitir los partidos organizados por ese organismo. Este acuerdo establece ciertas condiciones que, según la SIC, podrían haber afectado negativamente el desarrollo del fútbol profesional femenino, ya que estipularon la obligación de transmitir 10 partidos del campeonato de la primera división del fútbol profesional masculino y solo uno de la Liga Profesional Femenina.
La intervención ha generado preocupación, ya que podría desencadenar reparaciones en el fútbol profesional, ya que esto va en contra de las regulaciones de la Federación Internacional de Fútbol, FIFA, que prohíbe que las Federaciones de Fútbol sufran modificaciones impuestas por el estado.
En caso de que se llegara a dar esta situación, los estatutos establecen que se podría proceder a la desafiliación. Esto tendría como resultado la cancelación de todos los campeonatos profesionales en el país y, además, ninguna de las selecciones nacionales podría participar en torneos organizados por la FIFA, incluyendo las eliminatorias y la Copa del Mundo.
“La Fifa no reconocerá a ningún órgano ni las decisiones tomadas por el mismo, de una federación miembro que no haya sido elegido o nombrado mediante elección o nombramiento interno. El incumplimiento de esta independencia puede llevar a la suspensión e incluso expulsión de la federación miembro de la Fifa, siempre a petición del Consejo del organismo”, reza el estatuto.
Por lo pronto, a través de la Dimayor, la FCF buscará mecanismos para demostrar la inocencia de los clubes en las acusaciones que formula la SIC y preparará conjuntamente una estrategia de defensa en nombre de las personas e instituciones mencionadas en la resolución.
