Lina María Arango Dávila
Viajar por el Eje Cafetero es costoso. Lo saben agricultores, transportadores, comerciantes, empresarios del turismo, turistas, pacientes que deben desplazarse entre municipios, familias, damnificados por el terremoto que cruzan varias veces por semana las mismas casetas de cobro.
Durante 2026, las protestas ciudadanas contra los peajes de Autopistas del Café ocuparon titulares nacionales. Comunidades de Caldas, Risaralda y Quindío se manifestaron en las estaciones de cobro y exigieron el rechazo a la nueva concesión IP Centro que venía en trámite desde el año 2019, el desmonte de algunos peajes y una reducción de tarifas que consideran desproporcionadas para una región con alta movilidad cotidiana y fuerte dependencia de la economía local. Como respuesta, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) anunció tarifas diferenciales de $700 pesos para algunos residentes de municipios ubicados en las áreas de influencia de los peajes y emitieron una resolución de rechazo de la nueva concesión. Sin embargo, la discusión de fondo no es únicamente el valor de los peajes. La verdadera pregunta sigue siendo quién controla el destino de los recursos y cuál es el modelo de infraestructura que necesita la región.
En mayo de 2026, el Gobierno Nacional rechazó la iniciativa privada denominada IP Conexión Centro, presentada por Odinsa para extender la operación del corredor durante varias décadas más. La ANI argumentó que la propuesta no se ajustaba a la política pública que busca una mayor participación estatal en la administración futura del corredor vial. Muchos interpretaron esta decisión como el inicio de una transición hacia un nuevo modelo. Sin embargo, la realidad demuestra que el camino está mas cercano a los intereses del Grupo Argos Odinsa, accionistas de la actual (Autopistas del Café) y futura concesión. (IP Conexión Centro). En octubre de 2026 el Gobierno confirmó la prórroga de la concesión de Autopistas del Café hasta septiembre de 2027 mientras la ANI decide si la infraestructura será administrada directamente por el Estado, entregada nuevamente en concesión o sometida a otro esquema de asociación público-privada. El fondo es que !esos peajes no los sueltan!
Después de años de discusión, siete peajes continúan operando bajo el mismo modelo y los usuarios seguirán pagando mientras se toma una decisión sobre el futuro de la vía. El debate público se concentra casi exclusivamente en las tarifas y no en la trazabilidad completa del negocio (recaudo, ejecución de recursos, fideicomisos, estructura financiera, beneficiarios económicos, costos de operación y mecanismos efectivos de supervisión).
Los peajes al ser una herramienta de financiación vial y fuente de recursos públicos y privados deben estar sometida a los más altos estándares de transparencia. Mientras la discusión se reduzca al valor que paga el conductor en la ventanilla, seguiremos viendo el síntoma y no la enfermedad. La pregunta continúa siendo la misma: ¿quién vigila la ruta completa del dinero? Encontrar la respuesta sigue pareciendo, para muchos ciudadanos del Eje Cafetero, una auténtica pelea de tigre con burro amarrado.
PD/ La columna P”elea de tigre con burro amarrado I” fue escrita y publicada en este medio en octubre de 2024.
