Si las pruebas confirman esa conducta, no estaríamos ante una simple falta ética, sino frente a una traición a la función pública y a la esencia misma de la representación democrática.
La decisión de la Corte Suprema de Justicia de negar las solicitudes con las que Juan Pablo Gallo y los otros cinco congresistas investigados pretendían frenar el juicio por el escándalo de la UNGRD constituye un paso decisivo para esclarecer uno de los episodios de corrupción más graves de los últimos años. La justicia debe llegar hasta el fondo.
El inicio formal del juicio significa que los señalados tendrán que responder ante el Alto Tribunal por hechos que comprometen la dignidad del Congreso y la confianza ciudadana. Según la hipótesis de la investigación, probablemente aceptaron promesas remuneratorias de altos funcionarios del Ministerio de Hacienda a cambio de actuaciones propias de sus funciones en la Comisión de Crédito Público.
El mecanismo denunciado resulta escandaloso, utilizar el voto parlamentario, entregado por los ciudadanos para defender el interés general, como moneda de cambio para conseguir contratos millonarios. Si las pruebas confirman esa conducta, no estaríamos ante una simple falta ética, sino frente a una traición a la función pública y a la esencia misma de la representación democrática.
En el caso de Gallo, las informaciones conocidas señalan un contrato por 12.000 millones de pesos, presuntamente relacionado con la compra de su voto. Lo más indignante es que la obra ni siquiera estaba destinada a Risaralda, departamento que lo eligió, sino a Carmen de Bolívar. La acusación, por su gravedad, exige una explicación contundente.
Ofende especialmente por lo que representa para los risaraldenses. Cerca de 87.000 ciudadanos le dieron su voto y más de 138.000 colombianos respaldaron su aspiración al Senado. Muchos confiaron en su juventud, sus antecedentes, sus promesas de servicio y la esperanza de un anunciado cambio. Hoy, esa confianza está profundamente golpeada.
Risaralda esperaba un congresista dedicado a defender sus necesidades, gestionar recursos, promover oportunidades y representar con decoro a sus electores. No alguien que, según las acusaciones, pudiera terminar involucrado en una trama de contratos y votos negociados. Si se comprueba lo señalado por la Corte, el engaño sería todavía más doloroso por la magnitud de las expectativas defraudadas.
No se puede condenar anticipadamente a nadie. Corresponde a la Corte examinar las pruebas, escuchar a los acusados y dictar una decisión conforme a la ley. Pero respetar la presunción de inocencia no significa guardar silencio ni minimizar la gravedad de los hechos investigados. La transparencia exige respuestas y la justicia, resultados.
El cohecho impropio, de llegar a demostrarse, sería una de las formas más repudiables de traicionar el mandato popular, poner el mandato recibido en las urnas al servicio de intereses particulares. Quien llega al Congreso tiene la obligación de proteger los recursos públicos, no de convertir su voto en instrumento para obtener beneficios. La representación no es un negocio.
El caso de la UNGRD no puede quedar reducido a una sucesión de titulares. Si hubo quienes negociaron decisiones públicas a cambio de contratos, deben responder con todo el rigor de la ley. Si algo no admite discusión es que el país merece una política limpia, en la que ningún voto tenga precio.
