Walter Benavides Antía
A Pereira la destruyó la rigidez urbana. El sismo del 10 de agosto de 2026 reabrió en Pereira debates y señalamientos automáticos hacia el cauce subterráneo de la quebrada Egoyá. Sin embargo, atribuirle la magnitud de la tragedia carece de rigor fáctico frente a las cifras de la DIGER. En la zona de influencia directa del afluente, los reportes oficiales consolidaron averías puntuales en sólo 6, de las 66 edificaciones afectadas, colapsaron de forma total e inmediata. Si la quebrada fuese el detonante, la devastación se habría alineado sobre su traza subterránea; en cambio, los mayores colapsos y pérdidas de vidas ocurrieron en sectores distantes como Invico, Pinares, el Hospital de la Policía, el estadio, el Parque de Bolívar, La Lorena, los tugurios hoteleros y comerciales del centro, los barrios Boston, Providencia, las Garzas, el Aeropuerto Matecaña, Avenida 30 de Agosto y muchas más. Ninguno de estos sitios posee conexión hidráulica ni geotécnica con el lecho de la quebrada Egoyá.
La vulnerabilidad del centro NO proviene del subsuelo hídrico, sino de las decisiones de planificación. El verdadero responsable es el actual acuerdo 35 de 2016 y los decretos de Planes Parciales, instrumentos que congelaron la dinamización del sector al impedir una flexibilización real del uso del suelo. Ésta traba burocrática, obstaculizó la modernización de infraestructuras y el reforzamiento sismorresistente bajo estándares modernos. Al asfixiar la inversión formal, la norma promovió la tugurización del comercio y la hotelería del centro de la ciudad, derivando en subdivisiones precarias, sobrecargas estructurales y abandono. Conclusión: la catástrofe respondió a la rigidez normativa que perpetuó la precariedad edificatoria, no al agua que fluye bajo tierra.
Para revertir este deterioro y desmontar los incentivos a la tugurización, el decreto requiere cuatro modificaciones estructurales prioritarias: Flexibilización y mixtura del suelo: Eliminar la zonificación restrictiva para permitir la coexistencia vertical de vivienda, comercio formal, hospedaje y servicios.
Revisión de cargas y escalas de actuación: Reducir las áreas mínimas de englobe para viabilizar intervenciones lote a lote frente a la fragmentación predial y sucesiones ilíquidas, ajustando las cargas públicas a la rentabilidad real de las obras.
Incentivos a la sismo-adaptación: Otorgar mayor edificabilidad a proyectos que demuelan, reconstruyan o refuercen integralmente bajo normas sismorresistentes, junto con exenciones temporales en los impuestos Predial y de Delineación Urbana. Trámites ágiles y control del desuso: Crear una ventanilla única que priorice licencias de reforzamiento en el polígono central y reglamentar la declaratoria de desarrollo prioritario sobre inmuebles abandonados para frenar la especulación.
Exonerar técnicamente a Egoyá exige reconocer que la seguridad estructural de Pereira depende de modernizar urgentemente sus instrumentos de ordenamiento urbano.
