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miércoles, diciembre 7, 2022

Refuerzan seguridad en fronteras con Chocó, Valle del Cauca y Quinchía

Ante el Ministerio del Interior fue presentado el informe de la Defensoría del Pueblo, en el cual se evidencia la presencia de grupos armados al margen de la ley en cuatro corregimientos del municipio de Quinchía, lo que llevó a dicha entidad a emitir una alerta temprana para esta zona.

Así lo dio a conocer el gobernador del departamento, Sigifredo Salazar Osorio, quien aclaró que están a la espera de las recomendaciones de orden nacional para adelantar el plan de acción y de esta manera mitigar el riesgo y estar acorde con la alerta emitida y señaló que se reforzará la seguridad en las fronteras con Chocó, Valle del Cauca y en Quinchía.

La decisión se tomó en el Consejo de Seguridad realizado ayer en el Batallón San Matero, en el cual participaron todas las autoridades departamental como Gobernación de Risaralda, Ejército Nacional, Defensoría del Pueblo Regional, Policía de Risaralda y Metropolitana y Procuraduría Departamental.

“Lo primero es decirle a los risaraldenses que no desestimamos ninguna alerta temprana, que estamos poniendo toda la atención que requiere la situación y estamos esperando que salgan las recomendaciones del Ministerio del Interior para -con lo que se concluyó en el Consejo de Seguridad- adelantar el plan de acción que refuerce la seguridad en la región. Igualmente no queremos que se estigmatice el departamento ya que ante la menor denuncia estamos tomando las medidas pertinentes para que nuestros habitantes y visitantes se sienta seguros”, expresó Salazar Osorio.

Según el informe los grupos armados estarían operando en los corregimientos de Irra, Santa Helena, Batero y Naranjal, realizando acciones relacionadas con la explotación minera ilegal que se lleva a cabo en estos sectores y se presume que hay presencia de exmiembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y un rearme del Ejército Popular de Liberación.

De ser así un total de 24.130 personas estarían en riesgo, entre los cuales se cuentan líderes campesinos, familias en proceso de retorno, reclamantes de tierras, niños, niñas y jóvenes, mineros artesanales, ambientalistas y autoridades étnicas del pueblo indígena embera chamí.

La Defensoría

Por su parte Elsa Gladys Cifuentes, defensora regional del pueblo, argumentó que lo evidenciado en el informe consta de un trabajo realizado por expertos en antropología y sociología, quienes se encargan de adelantar un arduo trabajo durante varias semanas en las que se tiene contacto directo con la comunidad, lo cual le da un alto valor técnico que da pie a que se emita la alerta temprana

“Nosotros en estos espacios de seguridad no damos explicaciones no sustentamos cosas adicionales a lo que dice el documento que se le manda al Ministerio del Interior y que obliga para que las autoridades implicadas presenten un plan de acción que permita mitigar y acatar esa alerta para evitar que se cometan esos hechos donde se vulneran las tranquilidad, la seguridad y los derechos que se menciona en ella”, agregó la funcionaria.

Aclaró que las evidencias son muy puntuales al mencionar los corregimientos que se exploraron y en donde se recibieron denuncias por parte de la misma comunidad y que sin estas dichas documentaciones no tendrían fundamento alguno.

“Es que la problemática que se encuentra en estos sitios es muy delicada y si no le salimos al paso se van a volver en problemas muy delicados para el departamento y para la seguridad. Por ahora se van a dar diez días hasta que nos llegue el documento del Ministerio del Interior y en un nuevo Consejo de Seguridad se digan con claridad las acciones que se han implementado para evitar desplazamientos, problemas de orden público, asesinatos, feminicidios y deserción”, concluyó Cifuentes.

Igualmente hay un alerta temprana frente a la amenaza de líderes sociales en el departamento, especialmente en el municipio de Pueblo Rico.

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