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viernes, febrero 23, 2024

Aclaración sobre la ‘abuso de poder’ 

En la tarde de ayer se regaron como pólvora los audios, videos y fotografías en los que una mujer relata con voz de impotencia que una funcionaria de la alcaldía de La Virginia, la ‘atarvanea’, por lo que solicita que algún político le ayude.

 

“Colabórenme ya están que desmontando el montallantas, algo de 35 años, acá tengo una doctora, que se me olvidó el nombre, desmontándome todo”, seguidamente pone un video corto con la imagen de la funcionaria y continúa “ella dice que tiene todo el derecho a quitarme todo de acá, entonces miremos a ver cómo le hacemos”.

 

Lo que primero llama la atención es que si olvidó el nombre, quiere decir que sí sabe quién es la funcionaria, esto dio pie a que se hicieran las averiguaciones correspondientes en la administración del Puerto Dulce.

 

La denunciante en otro audio solicita: “denme el número de Fanny, de Fanny Ramírez que esa cucha es muy polémica, que me ayude acá con esta gente, por favor ayúdenme. Según ellos Espacio Público, pero Espacio Público pa´l pobre, porque no es más. Acá no vendemos vicio, solo le prestamos servicio a la sociedad”.

 

Desde el periódico se trató por varios medios de entablar una conversación con la afectada y no fue posible.

El punto sobre la vía nacional que debe ser recuperado.

Lo que dicen en la alcaldía

Desde la administración municipal comentaron que este dilema obedece a un proceso que lleva un juez desde 2018, en procura de la protección efectiva de los derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano, ya que en la vía o paso nacional hacia Apía, se construyó indebidamente una edificación sobre un bien de uso público en la intersección de la calle 15 con carrera 13, sin cumplir con las disposiciones legales en cuanto a la separación de la vía, uso de suelos, vertimientos y disposición de residuos. Se pone en riesgo a las personas por cuanto la ubicación de los vehículos, impide la circulación de peatones, quienes se ven obligados a cruzar por la vía pública.

 

“A la señora se le ofreció un subsidio de arrendamiento por $400 mil, hasta tanto el municipio le solucionara su problema de vivienda, pero dijo que no. Se le ofreció un puesto en la vuelta del gas de la alcaldía para que ejerza su actividad comercial, tampoco lo ha querido aceptar y el juez está ad portas de abrir un incidente de desacato al alcalde por el no cumplimiento. El mismo juez sabe de los ofrecimientos y los avaló y sin embargo, la señora ha dicho que no”.

 

En un principio la alcaldía defendió el derecho de la señora al trabajo, mínimo vital y confianza legítima, a raíz de una Acción Popular interpuesta por la Defensoría del Pueblo regional Risaralda, contra el Municipio por el derecho colectivo y constitucional al goce del espacio público. Pero con el paso de los años, el defensor también se convirtió en contrario en el proceso de cumplir con la ley, sobre la que no caben más recursos pues la segunda instancia confirmó el fallo de la primera.

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