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miércoles, abril 24, 2024

Aclaración desde la Superintendencia del Subsidio Familiar

Hace menos de una semana, se le hizo cubrimiento a la nota sobre los ires y venires judiciales del caso del Consejo Directivo de la Caja De Compensación Familiar de Risaralda, por lo tanto, el  pasado viernes 10 de noviembre, la representante jurídica de la Superintendencia del Subsidio Familiar, Grety López, entregó declaraciones sobre el contexto por el que atraviesa la Caja de Compensación.

“Voy a empezar por contar en dónde nace esta historia: a raíz de la expedición de la Resolución 859 de diciembre de 2022, la que tuvo como fin intervenir a la Caja de Compensación Familiar y el efecto que genera una decisión de intervención, implica separar de sus cargos a los miembros del Consejo Directivo de la Caja de Compensación Familiar de Risaralda y en sustitución entra a regir la Caja de Compensación un agente interventor”.

López expresó que en este contexto era importante tener en cuenta cómo está conformado el Consejo Directivo. “Son 10 miembros principales, 10 miembros suplentes, cinco de ellos son representantes de los trabajadores con sus cinco respectivos miembros suplentes y cinco representantes de los empleadores y sus suplentes”. Aquí es importante tener en cuenta quiénes fungían como representantes de la Caja:

Por parte de los trabajadores Israel Londoño, Pedro Vargas, Alberto Pulgarín, Richard Restrepo y Sandra Milena Arango. Como representantes de los empleadores lo hacían: Javier Mejía, Jorge Ramírez, Luis Fernando Acosta, Diego Cataño y Diego Mejía. En este punto se hace importante saber quiénes presentaron demanda en Acción de Tutela contra la Superintendencia del Subsidio, por haber expedido ese acto administrativo de intervención.

“La Tutela la presentaron Israel Londoño, Richard Restrepo y Sandra Arango, solo las de los dos primeros se fundamentaron en la violación del Derecho al Debido Proceso y de estas dos la única que ha prosperado es la de Londoño”, expuso la representante.

López aseveró que Londoño, Restrepo dejaron vencer el mecanismo judicial de Defensa que es la demanda de la Resolución 859 ante el juez natural que es la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que es la delegada por Ley a revisar los actos de la administración pública. La única que la supo aprovechar fue Arango que demandó ante la jurisdicción y que se encargará de revisar la legalidad de la Resolución.

“En este caso sucedió una violación fragante del Derecho de Defensa de la Superintendencia y de la Caja de Compensación, del agente interventor, del director administrativo de la Caja, que nos vimos sorprendidos con una Sentencia que jamás había sido o debió ser expedida en ese sentido, porque el precedente judicial dice todo lo contrario: los actos administrativos de intervención que profiere la Superintendencia son actos administrativos definitivos, susceptibles de ser demandados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo”, puntualizó la señora López.

Advirtieron entre otros que se le ha negado al sistema de Subsidio Familiar la posibilidad de que el juez natural analice la legalidad del acto de intervención, que dejó sin efectos el señor magistrado la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira.

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