La reforma pensional colombiana superó uno de los principales obstáculos que tenía en la Corte Constitucional, pero el futuro de la Ley 2381 de 2024 todavía no está completamente definido. El alto tribunal avaló la mayor parte de la norma, aunque ordenó devolver varias disposiciones a la Cámara de Representantes para corregir problemas en su trámite legislativo.
La decisión fue adoptada mediante la Sentencia C-264 de 2026. Según la información conocida, alrededor del 90 % del articulado quedó a salvo frente a los cuestionamientos relacionados con el procedimiento de aprobación. Sin embargo, la Cámara deberá volver a debatir las disposiciones que fueron devueltas por la Corte.
¿Qué viene ahora?
La Cámara de Representantes tendrá 30 días después de la notificación del fallo para adelantar el trámite de subsanación. Si durante este proceso se introducen modificaciones al texto que ya había aprobado el Senado, deberán surtirse los procedimientos legislativos correspondientes.
La Corte estableció además que el nuevo sistema pensional tiene como fecha prevista de entrada en funcionamiento el 1 de abril de 2027.
Pero ese no será el final de la discusión jurídica.
Más de 100 demandas pendientes
La decisión de la Corte se concentró principalmente en los vicios de procedimiento que habían sido cuestionados. Esto significa que el tribunal todavía deberá estudiar numerosas demandas que cuestionan aspectos de fondo de la reforma.
De acuerdo con información publicada por La República y El Colombiano, más de 100 demandas permanecen pendientes de análisis y la Corte tiene previsto retomar su estudio a partir del 1 de abril de 2027.
Uno de los puntos que podría generar mayor debate es el aval fiscal de la reforma. El cuestionamiento gira alrededor de si el impacto económico de la nueva estructura pensional fue respaldado adecuadamente con los estudios fiscales correspondientes.
El abogado Camilo Cuervo, citado por La República, señaló que este podría convertirse en uno de los argumentos de mayor peso dentro de las demandas pendientes, debido al impacto que tendría la reforma sobre las finanzas públicas.
Una reforma que todavía podría cambiar
La Ley 2381 plantea un nuevo sistema estructurado en cuatro pilares: solidario, semicontributivo, contributivo y de ahorro individual, con cambios en la manera como millones de colombianos realizarían sus cotizaciones. Uno de los elementos centrales es el umbral de 2,3 salarios mínimos, a partir del cual opera el componente de ahorro individual.
Por eso, el futuro de la reforma podría tomar diferentes caminos: el Congreso puede completar el trámite de las disposiciones devueltas, modificarlas o incluso rechazarlas. Paralelamente, podrían aparecer nuevas iniciativas legislativas para modificar aspectos de la ley antes de su entrada en vigencia.
También existen sectores políticos que ya han planteado una contrarreforma, con propuestas relacionadas con el pilar semicontributivo, la devolución de saldos y la posibilidad de elegir dónde realizar determinadas cotizaciones.
La reforma no está completamente blindada
Aunque la decisión de la Corte representa un avance importante para la entrada en funcionamiento del nuevo sistema, no significa que todos sus contenidos hayan quedado definitivamente aprobados desde el punto de vista constitucional.
La discusión continuará en el Congreso y, posteriormente, en la Corte Constitucional, que deberá resolver los cuestionamientos de fondo que permanecen pendientes.
Así, el 1 de abril de 2027 aparece como una fecha clave: será el momento previsto para la entrada en vigencia del nuevo sistema, pero también el punto a partir del cual el alto tribunal retomará el estudio de las demandas que podrían modificar o incluso afectar partes de la reforma.
En otras palabras, la reforma pensional avanzó, pero todavía no está completamente escrita la última página de su historia jurídica y política.
