Las revelaciones sobre supuestos acercamientos reservados entre funcionarios del actual Gobierno y el entorno de Diego Marín, conocido como alias ‘Papá Pitufo’, desataron una nueva controversia política en el país. Esta vez, el Centro Democrático pidió explicaciones públicas a la Fiscalía General de la Nación, al considerar preocupante su aparente falta de pronunciamiento frente a un caso que, según el partido, compromete la institucionalidad.
La polémica surgió luego de que Noticias Caracol difundiera grabaciones en las que aparece Jorge Lemus, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), conversando con el abogado de Marín, señalado por las autoridades como uno de los mayores contrabandistas de Colombia. De acuerdo con lo publicado por ese medio, en esos contactos habrían participado al menos cuatro intermediarios que, presuntamente, actuaban en nombre del presidente Gustavo Petro y con aval de altos funcionarios del Gobierno.
Tras conocerse ese material, la colectividad opositora cuestionó que la Fiscalía haya sido mencionada dentro del episodio y, aun así, no haya entregado una explicación clara al país. En un pronunciamiento, el Centro Democrático sostuvo que el ente acusador debe aclarar por qué aparece referido por el exdirector de la DNI y por qué, a su juicio, ha guardado silencio ante hechos de esta magnitud.
El partido también calificó las revelaciones como un golpe severo a la institucionalidad colombiana. Según su postura, resulta inadmisible que un jefe de inteligencia se hubiera reunido de manera reservada con la defensa de alias ‘Papá Pitufo’ en medio de supuestos ofrecimientos judiciales.
En esa misma línea, la colectividad lanzó cuestionamientos directos al Gobierno nacional al preguntarse por qué, según su interpretación de los hechos, hubo contactos políticos con el llamado “zar del contrabando” antes que una actuación abierta de la justicia. Además, insinuó que el país merece saber si existe algún temor dentro del círculo presidencial por eventuales revelaciones relacionadas con la campaña de Gustavo Petro.
El Centro Democrático señaló además que un Gobierno que, según afirmó, termina negociando con estructuras criminales pierde autoridad para hablar de legalidad. Por eso insistió en que lo ocurrido requiere respuestas de fondo y no, en sus palabras, “complicidades con los bandidos”.
Según el informe periodístico de Noticias Caracol, los acercamientos entre el exdirector de la DNI y la defensa de Diego Marín habrían ocurrido mientras este último se encontraba fuera del país. La información difundida indica que entre febrero y marzo de 2025 se realizaron al menos dos encuentros presenciales, en los que se habría hablado de eventuales beneficios judiciales a cambio de colaboración y de datos que Marín tendría sobre personas cercanas al entorno presidencial.
Entre los nombres que aparecen en el expediente citado por el noticiero está el de Ramón Devesa, un ciudadano catalán vinculado al Gobierno desde la campaña presidencial, quien habría sido presentado como intermediario en España. También figura Isaac Beltrán, exasesor de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), quien reconoció públicamente haber actuado como emisario presidencial en una reunión sostenida en abril de 2024.
De acuerdo con el reporte, estos hechos se habrían dado en paralelo al escándalo por presuntos intentos de ingreso de dineros provenientes del contrabando a la campaña presidencial, tema que cobró fuerza mediática a comienzos de 2025.
Uno de los puntos más delicados conocidos hasta ahora es una reunión del 26 de febrero de 2025, en la que, según los audios revelados, Jorge Lemus habría planteado la posibilidad de que Marín declarara sobre los asuntos que considerara pertinentes, en medio de una eventual negociación judicial.
