Por Juan Manuel Quintero (*)
Desde el terremoto del pasado 10 de agosto hemos hablado, con razón, de damnificados, viviendas destruidas, vías afectadas, colegios, hospitales y comercios que deberán levantarse nuevamente. Pero después de superar la emergencia más inmediata aparece una pregunta mucho menos emotiva, aunque igual de urgente: ¿de dónde va a salir la plata para reconstruir?
La primera respuesta está en el decreto 1171 de 2026. Allí el Gobierno declaró la situación de desastre nacional, ordenó elaborar un Plan de Acción Específico para la Recuperación y dispuso que el Ministerio de Hacienda garantice recursos suficientes al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo. También creó la subcuenta SISMO 2026 para manejar separadamente el dinero destinado a la tragedia. Sobre el papel suena bien. El problema aparece cuando se revisa la caja: al momento de expedirse la emergencia económica, la subcuenta ordinaria de Manejo de Desastres tenía disponibles apenas $47.265 millones.
Poco frente a una catástrofe cuyas pérdidas nacionales ya se calculan preliminarmente en más de $30 billones.
Por eso el Decreto 1261 de 2026 es probablemente más importante para entender cómo se financiará la reconstrucción. Sus considerandos revelan algo que el país debe comprender desde ahora: no habrá un solo cheque para reconstruirnos. El Gobierno está preparando una combinación de fuentes muy útiles que serán materializadas a través de decretos legislativos, de acuerdo a la autorización que le da el artículo 215 de la Constitución Política de Colombia, que van desde presupuesto nacional y endeudamiento hasta regalías, bienes de la SAE, Obras por Impuestos y crédito para empresas y familias.
Regalías
Entre todas, Risaralda debería prestar especial atención a las regalías. El Sistema General de Regalías tiene un presupuesto bienal de $30,9 billones. Naturalmente, ese dinero no pertenece todo a las zonas afectadas ni puede simplemente trasladarse a voluntad. Precisamente por eso el Decreto 1261 reconoce que los procedimientos ordinarios de aprobación y distribución son demasiado lentos para una emergencia y anuncia mecanismos excepcionales para acelerar su utilización.
Pero quizá la oportunidad más interesante sea Obras por Impuestos.
Hoy ese mecanismo permite que determinadas empresas financien directamente proyectos públicos y compensen esa inversión con sus obligaciones tributarias. El problema es que buena parte de Risaralda está excluida. De nuestros catorce municipios, solamente Balboa, Mistrató, Pueblo Rico y Quinchía aparecen clasificados como ZOMAC. Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal, tres de los territorios más afectados por el terremoto, no están allí.
El decreto 1261 propone corregir temporalmente esa absurda consecuencia: ampliar el mecanismo a los municipios golpeados por el sismo, abrir nuevas ventanas para presentar proyectos y permitir que inversión privada que hoy no podría utilizarse termine reconstruyendo colegios, hospitales, acueductos, vías o infraestructura pública. Para dimensionarlo, el cupo nacional de Obras por Impuestos aprobado para este año supera $1,1 billones (Que podría ampliarse).
También existe una alternativa menos conocida. La Sociedad de Activos Especiales administra inmuebles y recursos provenientes de procesos de extinción de dominio. El Gobierno plantea permitir que algunos de esos predios puedan convertirse rápidamente en albergues, centros de acopio o lugares de reasentamiento, y que parte de los recursos generados por determinados activos pueda orientarse a la reconstrucción.
Esto sin duda, traza el camino de la financiación, pero ninguna norma sustituye una tarea que Risaralda debe hacer desde ya: tener proyectos listos.
Porque la verdadera competencia que viene no será únicamente por recursos, sino por quién tiene primero estudios, diseños, presupuestos, predios saneados y proyectos técnicamente estructurados. Si esperamos a que Bogotá nos pregunte qué necesitamos, llegaremos tarde. Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa y los demás municipios afectados deberían estar construyendo desde ahora un banco único de proyectos de reconstrucción y definiendo qué fuente puede financiar cada uno. *Abogado experto en contratación pública.
