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domingo, marzo 3, 2024

Sudáfrica demanda a Israel por presuntos actos genocidas en la Franja de Gaza

La Corte Internacional de Justicia examinará las medidas cautelares solicitadas por Sudáfrica

Este jueves 11 y viernes 12 de enero, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) se lleva a cabo la audiencia pública para analizar las medidas provisionales solicitadas por Sudáfrica en su demanda contra Israel. La acusación se centra en presuntos actos «genocidas»  durante la ofensiva militar en la Franja de Gaza. La demanda, presentada el 29 de diciembre, busca que Israel cese las hostilidades.

Según la ONU, Sudáfrica insta a la CIJ a ordenar a Israel «dejar de matar y causar graves daños psíquicos y físicos a la población palestina de Gaza, dejar de imponerles deliberadamente condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física como grupo y permitir el acceso a la ayuda humanitaria».

El recurso presentado por Sudáfrica ha recibido apoyo de múltiples países e incluso al menos 900 movimientos populares, sindicatos, partidos políticos, gobiernos y otros organismos, que firmaron una carta que insta a los Estados a respaldar la iniciativa.

cabe destacar que Gobierno colombiano expresó este miércoles su apoyo a presentada por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), considerando «bien claro que las acciones y medidas» del Gobierno israelí «configuran actos de genocidio», indicó la Cancillería colombiana en un comunicado.

Por lo que la Cancillería espera que la CIJ «se pronuncie sin dilación sobre la solicitud de las medidas provisionales de urgencia solicitadas por Sudáfrica y adopte decisiones que permitan que cese ya el baño de sangre en Gaza y los territorios ocupados».

De esta manera, Colombia se suma a países como Brasil, Jordania, Turquía, Bolivia o la Organización para la Cooperación Islámica en el apoyo a Sudáfrica en la denuncia, que también ha encontrado detractores como Estados Unidos, Guatemala o Paraguay.

Desde que estalló la guerra hace más de tres meses, el mandatario colombiano ha defendido la causa palestina con mensajes en redes sociales y referencias en sus discursos a las acciones de Israel, país al que critica duramente casi a diario, comparándolo incluso con los nazis en la Segunda Guerra Mundial.

No es la primera vez que el Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, se suma a una denuncia ante la justicia internacional contra Israel. En noviembre el presidente informó que Colombia respaldaría la denuncia que Argelia interpuso ante la Corte Penal Internacional (CPI) «por crímenes de guerra contra el señor Benjamín Netanyahu», primer ministro de Israel.

Foto: cortesía de AP
Foto: cortesía de AP

La demanda 

En el documento de 84 páginas Pretoria, la ciudad situada en la parte norte de la provincia de Gauteng, en Sudáfrica, acusa explícitamente a Israel de perpetrar actos que de “carácter genocida porque están destinados a provocar la destrucción de una parte sustancial del grupo nacional, racial y étnico palestino”.

Sudáfrica también invoca sus derechos y obligaciones para “proteger a los palestinos de Gaza de la destrucción”. Unos que se enmarcan en la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 —a la que está suscrito, al igual que Israel— y en la que se establece que los Estados pueden emprender acciones legales “para impedir que se cometa un delito de genocidio”.

En el texto se lee: “La conducta de Israel —a través de sus órganos estatales, agentes estatales y otras personas y entidades que actúan siguiendo sus instrucciones o bajo su dirección, control o influencia— en relación con los palestinos de Gaza constituye una violación de sus obligaciones en virtud de la Convención sobre el Genocidio”.

Según el documento, cada uno de los actos que se consideran de carácter genocida realizados por Israel en Gaza desde que el conflicto se intensificó el 7 de octubre, como respuesta a los atentados de Hamás, desencadenando una feroz respuesta israelí.

El primero —de ocho— es“el asesinato de palestinos en Gaza”, en el que cita los datos del Ministerio de Sanidad Gazatí, que reportaba, en el momento de la denuncia, más de 20.000 muertos, de los que cerca del 70% son mujeres y niños. A día de publicación de este artículo la cifra supera los 23.000.

Además, Sudáfrica acusa a Israel de causar graves daños físicos y psíquicos a los palestinos en Gaza; y desplazar a millones de personas. Por otro lado, lo demanda de la privación de acceso a alimentos y a agua. Apunta a la ineficacia de la entrega de ayuda humanitaria y alerta de la privación de acceso a asistencia médica.

También acusa a Israel de destruir “la vida palestina”, es decir, de dirigir sus ataques a lugares como escuelas, viviendas u otro tipo de infraestructura civil. Todas estas las considera como pruebas de actos genocidas de Israel en Gaza.

Por lo anterior, el tribunal está obligado a «establecer si los actos denunciados son susceptibles de encuadrarse en las disposiciones de la convención sobre genocidio».

Israel se defiende 

Ante la demanda presentada por Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) Israel  ha optado por defenderse, pues considera de las peticiones son infundadas

“Israel rechaza con repugnancia la difamación”, aseguró el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí el día en que Pretoria interpuso la demanda.

Por otro lado, un portavoz del Gobierno de Israel, Eylon Levy, aseguró que el país ha tomado medidas para minimizar las víctimas civiles. En este sentido, citó los llamados a la población civil de evacuar a “zonas seguras” y los “corredores humanitarios” que se han establecido.

Además, cuestionó a Sudáfrica de aliarse con Hamás y aseguró: “La historia los juzgará y los juzgará sin piedad”.

Por su lado, el jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Israel, Tzachi Hanegbi, sentenció: “El Estado de Israel es signatario de la Convención sobre el Genocidio desde hace décadas, y desde luego no boicotearemos los procedimientos. Responderemos y rechazaremos esta ridícula petición”.

 ¿Qué puede hacer la CIJ? 

La CIJ es el máximo órgano judicial de la ONU y sus principales funciones son la solución de “controversias conforme al derecho internacional” y la “la emisión de dictámenes sobre cuestiones jurídicas que le sometan los órganos u organismos del sistema de Naciones Unidas”. Una especificidad de la CIJ es que solo puede juzgar a Estados, no a individuos.

Las medidas provisionales incluyen, por ejemplo, saber si la corte tiene jurisdicción sobre el caso y si los argumentos de Sudáfrica son admisibles. Además, Pretoria demandó que una de esas medidas sea la suspensión de operaciones militares israelíes en Gaza.

Esto quiere decir, que la determinación como tal de si Israel está incurriendo en prácticas genocidas o no, aún no se conocerá y podría tardar mucho más tiempo.

Ahora bien, la CIJ tiene la potestad de sentenciar medidas vinculantes. Es decir, tienen un efecto obligatorio y que deben ser cumplidas por las partes afectadas.

Esto quiere decir que —al menos en el papel— si la corte determina que Israel debería acatar un cese a las hostilidades, este debería cumplirlo. Sin embargo, —en la práctica— son muchos los países que no han cumplido lo sentenciado por la CIJ, entre ellos Estados Unidos.

La CIJ tampoco dispone de medios “coercitivos para hacer cumplir sus veredictos” —tal como señala la propia ONU en su página web—; sin embargo, es “responsabilidad de los Estados aplicar las decisiones del Tribunal”.

Además, son los entes políticos de la ONU, como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o su Asamblea General, los encargados de ejecutar las órdenes de la CIJ, lo que con frecuencia hace que los procesos se vean frenados.

A pesar de ello, señala la ONU, las medidas provisionales de la CIJ tienen una “fuerte dimensión simbólica”. En este caso, podrían marcar un precedente, incidir en la opinión pública internacional, en forma en que Israel lleva a cabo sus ataques en Gaza o incluso debilitar el apoyo de algunos países occidentales. Pero su alcance está aún por verse.

¿Cómo define la ONU el crimen de genocidio?

En el centro del debate estará seguramente lo que Naciones Unidas entiende por “genocidio” y si Israel ha incurrido en prácticas de tal naturaleza. Dicha definición se encuentra estipulada en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, adoptada por la Asamblea General de la ONU en 1948. El artículo II establece lo siguiente: “Se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal:

  1. Matanza de miembros del grupo
  2. Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo
  3. Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial
  4. Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo
  5. Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo».

Asimismo, la Convención establece que el genocidio es un crimen bajo el derecho internacional y debe ser prevenido y sancionado.

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