La Corte Penal Internacional (CPI), emitió este viernes una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin, por los crímenes de guerra que cometió el mandatario en su invasión a Ucrania. El tribunal también habría emanado una orden de arresto contra la comisionada rusa para los derechos del niño, María Alekseyevna Lvova-Belova.
De acuerdo con la alta corte, los crímenes se habrían cometido desde el comienzo de la invasión rusa, a Ucrania, desde el 24 de febrero de 2022; también señala que el presidente no ejerció el control adecuado sobre sus subordinados civiles y militares que cometieron estos actos.
Según el comunicado emitido en las últimas horas por la CPI, el mandatario ruso, sería “presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y del traslado ilegal de población (niños) de las áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa”.
Por su parte, el presidente de la Corte Penal Internacional, Piotr Hofmański, señaló que, “la Sala de Cuestiones Preliminares II consideró, sobre la base de las solicitudes de la Fiscalía del 22 de febrero de 2023, que existen motivos razonables para creer que cada sospechoso es responsable del crimen”.

Ante esta decisión de la CPI, la organización no gubernamental dedicada a la investigación, Human Rights Watch (HRW), celebró la orden de arresto contra el presidente ruso, Vladímir Putin, y la destacó este fallo como el primer paso para acabar con la impunidad de los crímenes cometidos por Rusia en Ucrania.
«Este es un día importante para muchas víctimas de crímenes cometidos por las fuerzas rusas en Ucrania desde 2014», argumentó en un breve comunicado Balkees Jarrah, directora adjunta para Justicia Internacional de la organización no gubernamental.

Además, para HRW la decisión de la CPI supone «un claro mensaje de que dar órdenes para cometer o tolerar serios delitos contra civiles puede llevar a una celda en La Haya».
Frente a esto, Rusia calificó hoy de “nula jurídicamente” la orden de arresto del jefe del Kremlin, Vladímir Putin, ordenada por la Corte Penal Internacional (CPI), “Las posibles ‘prescripciones’ de arresto que salgan del Tribunal Internacional serán para nosotros jurídicamente nulas”, escribió María Zajárova, portavoz de Exteriores rusa, en su canal de Telegram.
La diplomática argumentó que “Rusia no es partícipe del Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional”, por lo que, al respecto, “no tiene obligaciones”.
En la misma línea, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, tachó la orden de “indignante” e “inadmisible”.
“Rusia, como otros países, no reconoce la jurisdicción de ese tribunal, por lo que cualquier decisión de ese tipo es para Rusia insignificante desde el punto de vista del derecho”, dijo, según la agencia RIA Nóvosti.
Al respecto, Lvova-Belova se congratuló hoy de que la comunidad internacional aprecie la labor que Rusia hace para que los niños no permanezcan en zonas de guerra y crear para ellos “buenas condiciones de vida”.
“Hubo sanciones de todos los países, incluso de Japón, contra mí. Ahora, una orden de arresto. Interesante qué vendrá después. Seguimos trabajando”, dijo a la prensa local.
En octubre pasado la funcionaria admitió que unos 350 huérfanos ucranianos habían sido acogidos por familias rusas.
Mientras, el subjefe del comité internacional del Senado ruso, Vladímir Dzhabárov, tachó de “criminales” a los miembros del tribunal de La Haya y abogó por la liquidación de la corte.
A pesar de que la orden de arresto contra Putin y Lvova-Belova, es una decisión histórica, la CPI no tiene poderes para detener a los sospechosos, pues sólo puede ejercer jurisdicción dentro de los países que firmaron el acuerdo que estableció la corte; sin embargo, hay algunos países que no han acogido esta figura como Rusia, China, Turquía, India, Israel y Estados Unidos.
Rusia no ha ratificado el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, por lo que no es miembro de este tribunal, como tampoco lo es Ucrania, pero Kiev sí ha autorizado a la Corte a investigar la comisión de crímenes de guerra durante la conocida como “operación militar especial” rusa en Ucrania.
De hecho, el fiscal general ucraniano, Andriy Kostin, agradeció inmediatamente por Twitter al fiscal de la CPI, Karim Khan, lo que llamó “histórica decisión”
Al respecto, recordó que la Justicia ucraniana está investigando la deportación forzosa a Rusia de más de 16.000 niños ucranianos de territorios ocupados por Moscú.
Recordemos que, la Corte Penal Internacional, es un tribunal que juzga a los responsables de graves delitos como genocidios, de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de Estados y los casos que el Consejo de Seguridad de la ONU les remite.