La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) como máxima autoridad de metrología legal impuso multas equivalentes a un total $ 682.367.584 a distribuidores minoristas de combustibles líquidos derivados de petróleo, al encontrar que no estaban entregando la cantidad exacta de combustible líquido por la que realmente pagaban los consumidores.
Las decisiones se presentaron luego de realizar visitas en las estaciones de servicio de combustibles ubicadas en varias ciudades del país que para el caso de Risaralda, se encontró un caso en Santa Rosa de Cabal con la estación que está a nombre de Gilberto Mejía Rivera , cuya multa ascendió a $ 12.421.740 por incumplir con la normatividad en cuanto a que tenía dos mangueras por fuera del margen de tolerancia, según la información entregada por la Superindustria.
Las demás localidades fueron Bogotá, Tumaco, Cartagena, Honda, La Ceja, Carmen de Bolívar, Ventaquemada, Ibagué, Zambrano, Cereté, Peñol, Aguachica y Calamar, en donde se hallaron responsables 20 personas naturales y jurídicas.
En esta oportunidad la SIC impuso sanciones en razón a que la norma metrológica ordena que los surtidores y dispensadores de combustibles estén debidamente calibrados en ceros en todo momento, y en todo caso dentro de los márgenes de tolerancia, y así evitar que los consumidores sean inducidos a error al no recibir la cantidad exacta de combustible por la que pagan.
El anuncio fue hecho por el delegado para el control y las verificaciones de reglamentos técnicos y metrología legal, Jairo Malaver. “Se reitera a los empresarios distribuidores minoristas que son responsables de garantizar la entrega exacta de combustible líquido por el que los consumidores están pagando en todo momento y que cumplan con las exigencias contempladas en el Decreto 1073 de 2015 del Ministerio de Minas y Energía, para proteger los intereses económicos de los consumidores”, expresó.
En los dos últimos años, la SIC ha incrementado sus actividades de control y vigilancia de metrología legal exponencialmente al alcanzar cifras nunca antes vistas en esta Superintendencia. Así, por ejemplo, entre 2018 y lo corrido de 2019 se han verificado más de 7.000 surtidores de combustibles en el territorio nacional.
En la región
Alberto Arias Tabares, presidente ejecutivo de Imzacom, manifestó que lo expuesto por la SIC se debió a un proceso administrativo que se inició hace más de un año y medio, por lo que no es una cosa de ahora y enfatizó que dicha estación sancionada no es afiliada a Imzacom.
El líder gremial comentó que desde el año 2015 entró a regir una nueva normatividad que obligó a las estaciones de servicio acogerse a ella, donde se especificaba la colocación de precintos en los surtidores con el fin de garantizar una medida correcta. La implementación y colocación de los precintos electrónicos inició el año pasado y aún se está realizando por parte del organismo de verificación metrológica.
“Hoy los medidores no son manipulables. Se pueden corroborar en las estaciones al observar un sticker amarillo donde se garantiza que un galón es un galón. Romper ese precinto lleva a asumir una multa hasta por $ 1700 millones. Los consumidores pueden estar tranquilos tanto en la calidad del producto como en la cantidad”, sentenció.
