Un juez de Ejecución de Penas de Bogotá autorizó la libertad condicional de Miguel Alfredo Maza Márquez, general (r) y exdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), quien fue condenado a 30 años de cárcel por su responsabilidad en el magnicidio del líder liberal Luis Carlos Galán Sarmiento.
La determinación se tomó luego de que el despacho verificara que Maza Márquez cumplió el tiempo mínimo exigido para acceder al beneficio y acreditó los requisitos administrativos y disciplinarios, entre ellos, buena conducta. El juez fijó un periodo de prueba de 132 meses, 29 días y 13 horas y ordenó la constitución de una caución prendaria equivalente a cinco salarios mínimos como garantía de cumplimiento.
Maza Márquez estaba privado de la libertad desde noviembre de 2013. A la fecha, había completado 12 años y tres meses de su condena. Permanece en el Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo), en Bogotá, a la espera de la notificación formal de la decisión.
El nombre del exdirector del DAS quedó asociado a uno de los hechos más dolorosos de la historia política reciente: el asesinato de Galán, ocurrido el 18 de agosto de 1989 durante un evento público en Soacha (Cundinamarca). En 2016, la Corte Suprema de Justicia concluyó que existió un plan concertado entre estructuras de las autodefensas del Magdalena Medio y Maza Márquez, cuyo aporte habría sido clave al debilitar de manera deliberada el esquema de seguridad del entonces candidato presidencial.
Según esa sentencia, el exfuncionario intervino en el nombramiento del jefe de escoltas de Galán, el teniente Jacobo Torregrosa, señalado de no contar con la idoneidad necesaria para proteger a quien era considerado el dirigente más amenazado del país, y de estar infiltrado por los grupos que planearon el crimen. Para el alto tribunal, esa decisión dejó el dispositivo en condiciones de vulnerabilidad que facilitaron el atentado.
La Corte también sostuvo que la conducta atribuida a Maza no se habría limitado a la alteración del esquema de protección: como servidor público, habría omitido perseguir a un grupo armado ilegal financiado por narcotráfico y habría facilitado la instrucción militar de sus integrantes. De esas filas, recordó el fallo, salió el autor material del ataque.
Finalmente, la providencia señaló que, tras el magnicidio, se habría intentado desviar el rumbo de la investigación para alejar sospechas sobre sí mismo y sobre las autodefensas del Magdalena Medio, aunque sin interferir en las pesquisas relacionadas con los capos del narcotráfico señalados como determinadores del crimen.
