El Gobierno Nacional, a través de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), ordenó a empresas del sector gasífero devolver más de $150.000 millones a los usuarios del servicio de gas natural, luego de concluir que desde 2023 se trasladó a las facturas un incremento asociado a la rentabilidad reconocida a las inversiones del sistema de transporte.
La medida se adopta tras una investigación que puso el foco en la tasa de descuento del costo de capital (WACC, por sus siglas en inglés), un indicador que influye directamente en los cargos del transporte del gas. Según lo determinado por la autoridad regulatoria, el aumento aprobado en 2023 elevó la componente de transporte dentro de la tarifa y terminó impactando a millones de hogares y comercios.
En 2023, la Creg había incrementado el WACC de 10,94% a 11,88% mediante la Resolución CREG 102 002 de 2023. Ese ajuste, según el análisis oficial, habilitó mayores costos reconocidos a transportadoras como Transportadora de Gas Internacional (TGI), filial del Grupo de Energía de Bogotá, y Promigas, vinculada al Grupo Aval, valores que finalmente se reflejaron en los cobros a usuarios finales.
Con el paso de los meses, distribuidores de gas natural presentaron recursos de reposición para que el WACC se mantuviera en 10,94% mientras se definían nuevos cargos tarifarios, argumentando que el ajuste presionaba al alza las facturas. Tras estudiar esas solicitudes, la Creg decidió acogerlas, revertir el incremento del indicador y ordenar el recálculo de los cargos que fueron aplicados desde 2023.
El resultado: las empresas deberán reintegrar lo cobrado en exceso desde el momento en que se aplicó el ajuste y hasta la fecha. La Creg anunció que establecerá los mecanismos y el cronograma para materializar la devolución, un proceso que deberá quedar reflejado en las facturas de los usuarios.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, respaldó la decisión y afirmó que la intención es blindar el bolsillo de los colombianos y asegurar “justicia tarifaria”. “No es aceptable que los hogares colombianos hayan asumido un sobrecosto en el transporte de gas. La decisión es clara: esos recursos deben devolverse y las tarifas deben reflejar condiciones justas y transparentes”, señaló.
Con la resolución, el caso entra ahora en fase operativa: definir cómo y cuándo se hará efectiva la devolución de los más de $150.000 millones y cómo quedarán ajustadas las tarifas para que el cobro del transporte del gas se alinee con condiciones consideradas justas por la regulación.
