Han pasado los días, pero las cifras de mujeres que han salvado su vida al dejar de realizar esta práctica en garajes siguen sin conocerse, cuando se pregunta por ellas a representantes de EPS, Clínicas privadas, red pública o la propia Secretaría de Salud, es como si se estuviera indagando por el anticristo.
La Corte Constitucional avaló la despenalización del aborto hasta la semana 24 de gestación en este país, tras el reclamo del movimiento feminista y estos colectivos celebraron a rabiar haber alcanzado este derecho, pero en la práctica la situación ha sido diametralmente diferente, Laura Muñoz, miembro de Útera Casa Feminista de Pereira y acompañante en abortos hace tres años comenta: “Desde lo local hay algunas problemáticas en cuanto al acceso al derecho desde las mismas instituciones de salud, a las cuales podemos estar afiliadas o no”.
Muñoz dice que hace un año era la criminalización o que se veía más como una práctica que podía ser un delito y las diferentes violencias a las que se enfrentaban las mujeres al momento de asistir a una consulta para exponer su caso, en el que se les cuestionaba las causales que lo permitían y que “es evidente que hay cifras que como estaban desde la ilegalidad no son conocidas. Las cifras son muy complicadas de conseguir, no hay un ente, ni un trabajo juicioso de la administración municipal, es un tema que no interesa”.
