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miércoles, julio 24, 2024

Una norma necesaria

El Congreso está a punto de aprobar un proyecto de ley que tiene como propósito depurar la legislación colombiana en más de 10.000 decretos y normas obsoletas. La iniciativa, que solo le falta un debate en la plenaria de la Cámara de Representantes para convertirse en Ley de la República, elimina decretos, resoluciones, leyes y documento que ya no tienen sentido, o que perdieron su vigencia, o que chocan con otras normas, o que no fueron adoptadas como legislación permanente, o simplemente que contradicen el régimen constitucional del país.

Según registros oficiales, en el país se expidieron entre 1864, fecha en la cual se imprimió el primer Diario Oficial que guarda la historia de toda la legislación aprobada, y diciembre del 2014, más de 72.000 nomas de carácter general y abstracto. De estas, 109 fueron actos legislativos, 10.686 leyes y 61.838 decretos, de los cuales un poco más de 15.700 son potencialmente depurables.

Si de este grupo se excluyen algunas que por una razón puntual el gobierno nacional o los legisladores creen necesario o importante conservar intactas, como algunas que concedieron condecoraciones, quedan por lo menos 10.000 que son la que han sido incluidas en el proyecto de ley que está a consideración del Congreso y que debe ser aprobado antes que termine la actual legislatura en próximo 20 de junio.

La permanencia de todas estas normas en el ordenamiento jurídico lo único que hacen es alimentar la inseguridad jurídica de la que tantos empresarios y sectores económicos se quejan, y que para muchos es una de las principales causas por la cuales a la inversión extranjera le da tantas dificultades aterrizar en Colombia.

Especialmente en el sector tributario, cambiario, exportador y de la Hacienda Púbica, hay decenas de normas expedidas hace muchos años que chocan y se enfrentan con otras más recientes y que cuando aparecen en el escenario ponen en condiciones desfavorables o muy onerosas a los empresarios del país.

Qué sentido tiene, por ejemplo, mantener en el ordenamiento jurídico una ley que ordenaba el pago de una deuda de la Nación contraída con el Estado Soberano de Panamá, u otra que dictó reglas de ordenamiento territorial en Panamá, cuando aún era territorio de Colombia, u otra más que conmemoraba el centenario de Colombia o la que otorgaba recompensas en el año 1890.

Ojala, pues, la Cámara le de último debate al proyecto de eliminación de normas inútiles y obsoletas de la legislación nacional. Esto, sin duda alguna, le transmitirá seguridad jurídica al ordenamiento legal de la Nación, facilitará el cumplimiento de la ley y simplificará las relaciones, desde el punto de vista legal, de los particulares con el Estado.

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