Mesura y buen juicio es lo que se exige del gobierno en este momento que por primera vez desde hace dos décadas, la economía ha arrojado un crecimiento negativo.
La semana pasada se conoció el proyecto de resolución con la que el Ministerio de Transporte acabaría con la tregua concedida al principio del año al sector transportador y establecería una tanda de aumentos graduales a partir del próximo primero de diciembre, a los precios de los peajes que hay instalados en el país.
Dice el Gobierno que lo que se pretende con la terminación del congelamiento de la tarifa de los peajes y el alza de sus precios, es “el restablecimiento de la tarifa y disminuir el impacto que tiene la medida en los contratos de concesión y de Asociación Público Privada a cargo de la Nación”.
El presidente Petro, para neutralizar la protesta del sector transportador cuando al principio del año se anunciaron las nuevas tarifas de los peajes, ordenó congelar su valor para los vehículos de carga; pero, ahora el Gobierno sostiene que la medida tiene un costo de 810.000 millones de pesos para las finanzas del Estado y que se hace insostenible.
Según el borrador de la resolución, los nuevos precios contemplan un ajuste inmediato equivalente al Índice de Precios al Consumidor vigente para este año, es decir del 13.12%, y otro el 16 de enero próximo con base en el IPC que determinen las autoridades monetarias al cierre del presente año.
Si bien nadie discute el impacto que ha tenido el alivio concedido por el Gobierno a los transportadores, en las finanzas Públicas y el que pueda tener en el evento en que el tratamiento especial se prolongara durante el 2024; tampoco es difícil imaginar el efecto que una medida como la que parece estar lista, puede producir en la economía del país.
Aumentar el precio de los peajes el 13.12% en diciembre y volverlo a ajustar, de acuerdo a la resolución, 45 días después, aproximadamente en un 10%, es un golpe mortal a un sector que ya ha sufrido suficientes golpes con los altos incrementos al precio de los combustibles y los sucesivos bloqueos a las vías del país; y que es vital para la economía.
Cualquier elemento nuevo que se le sume al difícil momento que vive la economía nacional, y más uno como este que tiene que ver con el transporte de la carga del país, va a tener con seguridad un efecto demoledor en el costo de la Canasta Familiar, en el empleo y en general en los precios de producción.
Mesura y buen juicio, pues, es lo que se exige del gobierno en el aumento de los peajes, en este momento que por primera vez desde hace dos décadas, la economía ha arrojado un crecimiento negativo y que el propio Ejecutivo ha anunciado el inicio de la escalada alcista en el precio de Diesel, para decretar el aumento en el precio de los peajes.
