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Pereira
sábado, mayo 18, 2024

Hora de ajustarla

La semana pasada era imposible arrimar a los despachos públicos todo por cuenta del inició de la llamada Ley de Garantías. Todos los funcionarios estaban en plan de dejar completamente legalizados los contratos de obras y de prestación de servicios antes que empezará a regir esta norma, y no estaban disponibles para nada más.

Lo único que les importaba era poder cumplir antes del jueves 27 a las doce de la noche, con las instrucciones que tenían de entregarle determinado contrato a cierto candidato, nombrar al recomendado de otro aspirante en tal posición y contratar para alguna función al fulano que envió cualquiera de los dirigentes políticos.

La ley de Garantías fue ideada con el propósito de evitar que la estructura del Estado y el presupuesto oficial se pusiera al servicio de los intereses de determinado candidato o de una campaña en especial y cuidar que las administraciones de cualquier nivel se convirtieran en motores de campañas afectas a los gobernantes de turno.

Lamentablemente esta buena intención de sus inspiradores y promotores, en la práctica no ha tenido ningún efecto; simplemente porque lo que se pensaba hacer 60 o 90 días antes de las elecciones, hoy se hace antes de 120 días. Es decir que el contrato que se le iba a dar dos meses antes a determinado político como contraprestación a su apoyo al candidato oficial, ahora se hace igual, pero antes de que entre en vigencia la Ley de Garantías electorales.

En conclusión, la norma lo único que ha hecho es anticipar la contratación pública para cuatro meses antes de los comicios; pero preservar la transparencia en el manejo de los recursos públicos y en la contratación oficial, fue una pretensión que se quedó en el papel y en el espíritu del legislador.

En cambio, los efectos negativos de la Ley están a la vista de todos los ciudadanos. Quitarle toda la dinámica a una administración, por cuenta de la limitación para contratar nuevas obras, ajustar las que están en ejecución y fortalecer algunos programas, cuando todavía le falta seis meses para cumplir su período constitucional, es paralizar sin ninguna razón un gobierno que no ha terminado y causarle un daño grave a la ciudad.

Nos parece, pues, que es hora de evaluar con toda independencia las reales bondades de la Ley de Garantías y si los eventuales beneficios que ella le otorga a la democracia y a la transparencia de las elecciones, son inferiores a los evidente daños que se le causan a los entes territoriales y sobre todo, a la credibilidad de tantas normas que se expiden con el supuesto interés de hacer  más transparentes los debates electorales en el país, lo que se debe hacer es enterrarla o al menos ajustarla.

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