Quién va a recuperar la confianza de una institución que apenas levanta cabeza de todos las barbaries cometidas por algunos miembros durante la mala hora de los falsos positivos.
El vergonzoso episodio en el que se vió involucrada una docena de personas uniformadas y armas, que luego se supo que eran miembros activos del Ejército Nacional, en el municipio de Tierralta, departamento de Córdoba, tiene que ser suficientemente explicado por la comandancia del Ejército y aclaradas todas las dudas que ha despertado el hecho.
Cómo es posible que quienes han sido encargados de velar por la vida y la seguridad de los habitantes de esta olvidada zona del país y sobre quienes descansa la esperanza de los habitantes de los municipios más castigados por la presencia de los grupos armados ilegales, de ser defendidos y protegidos; sean precisamente los que están fustigando, amenazando y maltratando a la acorralada población civil.
Al mando de quién estaba este grupo de militares que permitió o al menos toleró que sus soldados se hicieran pasar por integrantes de las disidencias de las Farc, amenazaran a las mujeres, niños y ancianos de la comunidad de Terralta, los trataran mal y, según los afectados, los insultaran y violentaran físicamente.
Qué mandos conocían la práctica aberrante de estos uniformados, desde cuándo este proceder se está utilizando en algunas regiones del país y en qué zonas y municipios la población tiene que soportar no solamente la amenaza y el abuso de la guerrilla, sino el maltrato, el insulto y el comportamiento violento de los miembros de Ejército.
Ahora, queda la duda de si el Clan del Golfo que es el grupo armado que opera en esa zona del país y es prácticamente la autoridad en la región, ha logrado infiltrar allí al Ejército al punto que esos uniformados estaban actuando en ese momento no en nombre de las instituciones del Estado, sino del grupo ilegal.
No basta que, como lo anunció el comandante del Ejército, se les haya retirado las armas oficiales y sacado de la zona asignada, sino que es necesario saber desde cuándo se está practicando esta conducta, qué se busca con ello, quiénes estaban enterados de esa práctica y cuántos uniformados más están involucrados en este deshonor.
Quién va a recuperar la confianza de una institución que apenas levanta cabeza de todos las barbaries y excesos cometidos por algunos de sus miembros durante la mala hora de los llamados falsos positivos. Difícilmente la población de Tierralta y de esta zona de Córdoba va a recibir y acoger con tranquilidad y seguridad a los soldados que sean enviados allí para reemplazar a los que abusaron de su condición, de su uniforme y de sus armas oficiales.
Por lo pronto, no solamente los soldados retirados de la zona deben explicar y responder por su conducta, sino sus superiores directos e indirectos. No es posible que estos uniformados hayan cometido semejante arbitrariedad sin que la línea de mando inmediata y superior, no haya sabido lo que estaba sucediendo.
