Es hora de un ajuste

Nada hay más desespensador para las autoridades, ni más generador de intranquilidad que lo que está suediendo con los delincuentes que son capturados por la Policía o la Fiscalía, muchas veces en flagrancia o luego de una juiciosa investigación o de un largo proceso de seguimiento, después de haber cometido sus fechorías.

Según un informe conocido durante el último Consejo de Seguridad, de 1.627 capturas realizadas en la ciudad en lo que va corrido del año, en 1.324 casos, es decir en el 84%, los detenidos fueron dejados en libertad, 203 fueron enviados a las distintas cárceles y 52, el 3%, le fueron otorgado el beneficio de detención domiciliaria.

Quién puede entender que un delincuente, que fue capturado inmediatamente después de haber cometido un delito o a quien le fue encontrado en su vivienda, luego de un allanamiento, las armas con las que cometió el ilícito y además, el producto de lo robado, sea dejado inmediatamente en libertad por el juez del conocimiento.

Se dirá que a las cárceles no les cabe un detenido más y que un ladrón callejero no es un peligro para la sociedad y que por tanto puede ser dejado en libertad mientras se lleva a cabo la invetigación y se determina su participación o no en el delito investigado; pero es que este fenómeno no solo se presenta en los robos comunes, sino en los delitos de alto impacto como el homicidio.

En este último caso, por ejemplo, una de cada tres personas detenidas y sindicadas de haber participado en un hecho en el que un ciudadano fue asesinado, es dejada en libertad, a pesar de las pruebas aportadas, inmediatamente después de la audiencia de legalización de captiura, por el juez del conocimiento.

Qué ánimo le puede quedar a un ciudadano que ha sido víctima de un atraco o que perdió a su ser querido, que puso el denuncio y que gracias a su ayuda e información entregada, el delincuente fue identificado, seguido y detenido, y que al día siguiente de producirse la capturada del bandido, se lo encuentra en la calle seguramente en las mismas andanzas.

Claro que es muy probable que el juez respectivo esté actuando apegado a la ley penal y  es cierto que el delincuente tiene el derecho a la presunción de inocencia mientras no sea vencido y condenado en juicio; pero en la mayoría de los casos el sindicado es un reincidente o sobre él pesan pruebas suficientes que lo señalan como autor del delito y a pesar de eso, es dejado en libertad.

Es urgente, pues, que el Congreso, liderado por el Gobierno Nacional, le meta la mano a  este problema y le haga los ajustes que requiere la ley penal para que los delincuentes  no se sigan burlando de la justicia y para que jueces laxos no tengan justifciación a su conducta absurda e incomprensible.

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