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Pereira
jueves, abril 25, 2024

El delito de extorsión

Lo más grave de todo esto, como ocurre en los registros estadísticos de muchas de las conductas delictivas, es que las cifras del informe de Pares no reflejan la realidad del problema.

La extorsión está disparada en el país. Según un reciente informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), en el primer mes de este año, para no hablar sino de un mes, este delito se incrementó en un 29% con relación al mismo período del año pasado, al pasar de 679 casos en el 2023 a 873 en enero pasado.

Este comportamiento, de acuerdo con el informe, es el mismo que se observa desde hace cuatro años. Mientras en el 2020 se presentaron 8.188 casos de extorsión en todo el territorio nacional, en el 2021 este delito llegó a 8.342, en el 2022 subió a 9.791 y en el año pasado los casos registrados por las autoridades fueron 10.560.

La metodología utilizada por los extorsionistas es diversa y va desde un mensaje a través de las diversas plataforma de comunicación, hasta una llamada telefónica salida desde una celda en una de las prisiones del país, pasando por una amenaza escrita que se le deja a la víctima en su negocio o vivienda, o por una razón de un vecino contentiva de una notificación directa de tener que dar un dinero a cambio de no ser molestado.

Dice también el mismo informe, que si bien el mayor número de casos tiene su origen en las cárceles del país, las grandes extorsiones se están produciendo en las distintas actividades cotidianas de la población. El comerciante que tiene pagar para que lo dejen abrir su negocio, el transportador que tiene dar su contribución para poder transitar por determinadas vías, el ganadero que tiene que aportar lo solicitado para que no le maten sus reses, el agricultor que tiene que entregar parte de su cosecha para poder sacar sus productos al mercado y hasta el vendedor informal que tiene que pagar para que lo dejen trabajar.

Lo más grave de todo esto, como ocurre en los registros estadísticos de muchas de las conductas delictivas, es que las cifras del informe de Pares no reflejan la realidad del problema. Por temor a las represalias de los extorsionistas, o por desconfianza en las autoridades, o por las dificultades para poner la denuncia y hasta por la creencia de que denunciar no conduce a nada, los ciudadanos prefieren cerrar su negocio e irse y no darle oportunidad a los delincuentes, que denunciar los casos de extorsión.

Es decir que los niveles de extorsión que hay en el país y en donde desafortunadamente Pereira y el Departamento no son la excepción, son muchísimo más altos de los que revela el informe de la Fundación “Pares”, con un agravante adicional y es que no parece haber una acción clara de las autoridades para, de un lado combatir el delito y del otro, tratar de rescatar la confianza ciudadana e incentivar la denuncia.

Es urgente, pues, que las autoridades revisen la manera como se está atacando el delito de extorsión, como se está combatiendo las organizaciones criminales que hay detrás de la  red de extorsionistas que tienen en jaque muchas de la actividades económicas y como se está protegiendo a la población contra este creciente mal.

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