Datos preocupantes

No pueden ser más dramáticos los datos que acaba de revelar el Instituto Nacional de Medicina Legal sobre los delitos sexuales en las principales ciudades del país y en los cuales la nuestra ocupa el sexto lugar en la lista de las que más conductas delictivas de estas registran, y muy por encima de poblaciones mucho más grandes, como Bucaramanga y Cartagena.

De acuerdo con el informe, entre el primero de enero y el 31 de agosto pasado se presentaron en Pereira 278 casos de esta naturaleza, un 25% más de los ocurridos en el mismo período del año pasado, cuando las autoridades recibieron 222 denuncias por delitos sexuales.

En lo que tiene que ver con Risaralda, en los primeros ocho meses de este año se presentaron 458 casos de delitos sexuales, lo que coloca al departamento como el primero del Eje Cafetero, muy encima del Quindío que reportó 291 casos y del departamento de Caldas que recibió 273 denuncias.

Lo más grave de esto, es que este es uno de aquellos delitos que menos se denuncian en el país y, por tanto, que los datos y estadísticas que se llevan no reflejan en absoluto la realidad de estas conductas. Por razones que van desde la falta de confianza en la Justicia, hasta el temor a las represalias que puedan tomar los victimarios, y pasando porque en un alto porcentaje el agresor es un familiar cercano y especialmente porque el agredido es un menor de edad, las víctimas y sus familiares prefieren no acudir ante las autoridades a denunciar los hechos.

El otro dato preocupante y que confirma, de un lado la gravedad de estos delitos y del otro, las dificultades para que se sepa con más exactitud la magnitud de este mal, es la edad de los agredidos. Según el mismo informe de Medicina legal, en dos de cada tres delitos que se denuncian, la víctima es un menor de edad.

Mientras tanto nada están haciendo las autoridades para estimular e impulsar campañas dirigidas a que las victimas de estos horribles delitos, vayan ante la justicia y denuncien a sus agresores no importa si son miembros de la familia o personas cercanas a ella, y para tratar de prevenir y combatir estos delitos, e inclusive para prestar asistencia profesional a las victimas de estas conductas.

Ojalá, estos datos sacudan las autoridades y las obliguen a poner la atención que estos delitos merecen y a diseñar una estrategia que lleve a reducir sustancialmente los registros, a proteger los menores de posibles riesgos de agresión y a que las víctimas o sus acudientes acudan a la Justicia a poner la respectivas denuncias.

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