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lunes, junio 27, 2022

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Ayer se iniciaron oficialmente las reuniones entre gobierno, trabajadores y empresarios para conversar y tratar de concertar sus intereses en torno al que debe ser el nuevo Salario Mínimo Legal que devenguen, a partir del próximo primero de enero, cerca de dos millones y medio de colombianos.

Este ejercicio no ha sido fácil y, por supuesto, no lo será este año con todas las secuelas que han dejado la pandemia y los paros no solo para el sector productivo, sino para el de los empleados. Las posiciones encontradas, fruto de sus naturales aspiraciones y de la coyuntura económica del país, han hecho que en los últimos años la esperanza de lograr una concertación, se haya diluido y terminado siendo una decisión unilateral del gobierno.

Esta vez, aunque el ejecutivo no ha dicho nada, y solo el Ministro de Trabajo ha dicho que se debe tener muy en cuenta los efectos de cualquier decisión en el mercado laboral, ya las centrales obreras y los empresarios han establecido sus diferencias. Mientras las primeras han dicho que el salario mínimo legal debe estar por encima del millón de pesos más el auxilio de transporte, los segundos manifiestan que un incremento alto puede poner en riesgo el proceso de la reactivación de la economía y la recuperación de los empleos perdidos durante la crisis.

Buscar un punto que concilie las aspiraciones de los trabajadores que esperan un alza razonable en su salario, con las posibilidades de las empresas que han sufrido los rigores del coronavirus, de las protestas ciudadanas y de los incrementos en los precios de las materias primas, y que hacen esfuerzos por mantener los empleos; será la responsabilidad del gobierno.

El país está en un momento que exige comprensión por parte de todos los colombianos, llámense trabajadores, empleadores, o gobierno. Solamente con el respaldo de todos se podrá sortear el complejo instante y mantener a flote la economía, la generación de empleo y la confianza en las instituciones.

Por eso, lo que hoy se pide es comprensión a las organizaciones sindicales y a los dirigentes empresariales, y sensatez y justicia al gobierno, para que entre todos se logre ese justo punto que satisfaga las aspiraciones de los trabajadores, pero teniendo en cuenta las posibilidades de los empresarios, obviamente sin poner en riesgo las proyecciones del Banco de la República.

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