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miércoles, junio 19, 2024

Tribunal ratifica condena contra disidentes que infiltraron Marchas de 2019 y 2020

El Tribunal Superior de Bogotá ratificó este 28 de mayo la condena contra cuatro miembros de las disidencias de las Farc, conocidos como “Comandos Urbanos”, por su participación en actos violentos durante las manifestaciones sociales de 2019 y 2020. Los condenados, vinculados al Frente Segundo Manuel Marulanda Vélez, deberán enfrentar largas penas de prisión.

Detalles de la Sentencia

Wilson Reinel Moreno, Justo Ernesto Villarraga, Érika Lorena Flórez y Greissy Alexandra Perilla fueron hallados culpables de varios delitos, incluyendo concierto para delinquir, terrorismo, violencia contra servidor público, daño en bien ajeno y perturbación del transporte público. Moreno, Villarraga y Flórez cumplirán penas de 19 años, mientras que Perilla fue condenada a 10 años de prisión.

“Realizaron ataques que se tradujeron en vías de hecho, violencia contra la población, la Policía Nacional y las estructuras de servicios de transporte público colectivo u oficial. Lo anterior, con el fin de crear zozobra, terror y miedo en la ciudadanía”, se lee en el fallo de 93 páginas.

Investigación y Evidencias

La condena se basó en una exhaustiva investigación de la Fiscalía, que incluyó chats, interceptaciones telefónicas y fotografías. Las pruebas demostraron que Wilson Reinel Moreno, alias “Martín Negro”, era miembro del Frente Segundo Manuel Marulanda Vélez y estaba en contacto directo con Justo Ernesto Villarraga para coordinar las acciones violentas.

Villarraga, junto a Flórez y Perilla, organizaba ataques durante las manifestaciones y reclutaba a jóvenes universitarios para el “Colectivo Comando Urbano”. La red operaba a través de grupos de WhatsApp y una escuela clandestina llamada “Resistencia Civil”, ubicada a las afueras de Bogotá, donde adoctrinaban y entrenaban a los reclutas.

Impacto de las Acciones Violentas

Los actos violentos perpetrados por los “Comandos Urbanos” durante las manifestaciones causaron daños significativos, particularmente al sistema de transporte público TransMilenio, con un costo estimado de $2.800 millones de pesos.

Además de las condenas de prisión, los cuatro miembros deberán pagar multas económicas por los daños causados. Aunque tienen la opción de presentar un recurso contra la decisión del Tribunal, la ratificación de la condena representa un golpe significativo contra las disidencias de las Farc y su capacidad de infiltración en movimientos sociales.

La ratificación de estas condenas por parte del Tribunal Superior de Bogotá subraya el compromiso de las autoridades colombianas de perseguir y castigar a quienes, bajo la fachada de movimientos sociales, cometen actos de terrorismo y violencia. Este fallo envía un mensaje claro de que la justicia prevalecerá sobre las tácticas de miedo y desestabilización empleadas por los grupos armados ilegales.

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