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domingo, junio 16, 2024

Más de 600 personas protegidas asesinadas en menos de dos años

La Defensoría del Pueblo de Colombia ha denunciado este viernes que más de 600 personas protegidas han sido asesinadas en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, en menos de dos años. Estos crímenes, atribuidos a grupos armados ilegales que buscan el control territorial, subrayan la grave situación de violencia en la región.

«Es inaudito que desde enero del 2022 hasta la fecha hayan sido reportados más de 600 homicidios de personas protegidas en Arauca. Solo en lo que va del 2024, nuestros equipos en terreno han registrado el asesinato de 60 personas», declaró el defensor del pueblo, Carlos Camargo, durante la inauguración de una nueva sede del organismo en la capital departamental.

Camargo, quien también presentó su renuncia este viernes, explicó que la mayoría de estos homicidios están relacionados con «estrategias de control social o poblacional de supuestos colaboradores de uno u otro grupo armado ilegal, la eliminación sistemática de personas estigmatizadas socialmente y la mal denominada ‘limpieza social'».

Arauca es un bastión de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que mantiene un cese al fuego bilateral con el Gobierno colombiano pero no con otros grupos. En la región también operan disidencias de las FARC y bandas de narcotraficantes, que buscan dominar el área para sus actividades ilícitas, incluyendo el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de combustibles y la trata de personas.

Camargo instó al Gobierno del presidente Gustavo Petro a incrementar la presencia institucional en Arauca y desplegar acciones que garanticen los derechos de la población civil, que vive atemorizada por los actores armados, quienes han llegado a imponer ‘toques de queda’ para controlar los territorios.

La Defensoría del Pueblo ha constatado que muchas víctimas de homicidios primero son desaparecidas y luego sometidas a ‘juicios revolucionarios’ por supuestas violaciones de ‘normas’ impuestas por los grupos armados. «El departamento no puede continuar bajo el yugo de los actores armados y las organizaciones criminales, que diariamente atemorizan a la población civil en las zonas urbanas y sus campos», enfatizó Camargo.

La Defensoría del Pueblo ha constatado que muchas víctimas de homicidios primero son desaparecidas y luego sometidas a ‘juicios revolucionarios’ por supuestas violaciones de ‘normas’ impuestas por los grupos armados. «El departamento no puede continuar bajo el yugo de los actores armados y las organizaciones criminales, que diariamente atemorizan a la población civil en las zonas urbanas y sus campos», enfatizó Camargo.

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