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lunes, mayo 27, 2024

La Corte Constitucional hace advertencia por incumplimiento de fallos

El ultimátum lanzado por la Corte Constitucional ha puesto en alerta al Gobierno y a las entidades encargadas de cumplir con las sentencias emitidas por este alto tribunal. José Fernando Reyes, presidente de la Corte Constitucional, anunció que se están evaluando medidas drásticas, como abrir incidentes de desacato e incluso arrestar a funcionarios por la falta de cumplimiento de las órdenes judiciales.

La crisis carcelaria y la situación de la niñez wayúu en La Guajira son los principales focos de preocupación para la Corte. Desde 1998, se ha declarado un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en las cárceles del país, que se ha extendido incluso a las estaciones de policía desde 2022. Asimismo, desde 2017 se ha decretado otro ECI debido a la crisis que afecta a la niñez wayúu en La Guajira. Además, la Corte sigue de cerca la situación del sistema de salud en Colombia desde 2008.

Reyes enfatizó que la Corte está tomando en serio estos asuntos y que se están considerando acciones concretas. En particular, se mencionó el caso de la crisis wayúu, donde ya se ha abierto un incidente de desacato desde noviembre de 2023. Entre los funcionarios bajo escrutinio se encuentran altos cargos como la Consejera Presidencial para las Regiones, el ministro de Salud, la ministra de Vivienda, la ministra de Ambiente, la ministra de Agricultura, la directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, y la directora del ICBF, entre otros.

La falta de cumplimiento de una orden para crear un Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas destinado a abordar la crisis de la niñez wayúu en La Guajira ha llevado a la Corte a considerar medidas más drásticas. El vicepresidente de la Corte, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, también advirtió sobre la urgencia de abordar la crisis carcelaria, donde los plazos establecidos en sentencias anteriores ya han vencido sin mejoras significativas.

En este contexto, tanto Reyes como Ibáñez criticaron la propuesta de eliminar ciertos delitos del Código Penal como medida para reducir el hacinamiento en las cárceles, argumentando que estas medidas no tienen un impacto significativo en la solución del problema.

La Corte reiteró su compromiso de seguir haciendo seguimiento a los Estados de Cosas Inconstitucional declarados y de tomar las medidas necesarias, incluyendo posibles desacatos y arrestos, si los avances no son evidentes.

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