La Fiscalía General de la Nación fijó para el próximo 24 de julio la indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez, dentro de la investigación que lo relaciona con hechos de violencia ocurridos en Antioquia durante la década de los noventa.
La diligencia hace parte del expediente por las masacres de El Aro y La Granja, registradas en el municipio de Ituango entre 1996 y 1997, cuando Uribe se desempeñaba como gobernador de Antioquia. La citación será adelantada por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia y tiene como propósito vincular formalmente al exmandatario al proceso.
El caso contempla posibles responsabilidades por los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir agravado. La investigación busca establecer si existieron omisiones o actuaciones relacionadas con la presencia y expansión de estructuras paramilitares en esa zona del departamento.
Dentro del expediente también se revisan hechos ocurridos en San Roque y otros episodios asociados al accionar de grupos armados ilegales en Antioquia. Según los antecedentes del proceso, la investigación fue reabierta en 2013 luego de nuevas declaraciones entregadas por exintegrantes de estructuras paramilitares.
Uno de los puntos centrales del caso es determinar si, desde su cargo como gobernador, Uribe tuvo algún grado de responsabilidad frente a la protección de la población civil o frente a presuntos vínculos entre autoridades y grupos ilegales que operaban en la región.
La investigación también incorporó el asesinato del abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, ocurrido en 1998 en Medellín. Valle había denunciado públicamente posibles relaciones entre estructuras paramilitares y sectores institucionales, así como riesgos para comunidades de Ituango.
Con esta citación, la Fiscalía avanza en una de las investigaciones más sensibles contra el expresidente, quien ha rechazado los señalamientos y ha sostenido que se trata de una persecución política. La indagatoria no equivale a una condena, sino a una diligencia judicial en la que el investigado podrá entregar su versión frente a los hechos.
Los casos de El Aro y La Granja han sido objeto de revisión nacional e internacional por la gravedad de los hechos y por las denuncias sobre presuntas omisiones estatales. Ahora, el proceso entra en una nueva etapa con la comparecencia del exmandatario ante el ente acusador.
