La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia no alcanzó esta semana una determinación sobre el futuro judicial de seis congresistas salpicados por el escándalo de presunto desvío de recursos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD). Aunque en los despachos se daba por hecho que habría una definición antes de las elecciones de este domingo, dos jornadas de deliberación —miércoles y jueves— terminaron sin mayoría: la votación quedó 3-3 y el expediente pasará a manos de conjueces.
El empate tiene una consecuencia procesal inmediata. En una Sala de seis magistrados, la falta de decisión obliga a convocar dos conjueces para destrabar el trámite y producir una resolución final. Con ese movimiento, el caso se corre del calendario electoral y, por ahora, los investigados quedan a la espera de una nueva discusión que se reanudará en los próximos días.
Los congresistas mencionados en el expediente son Wadith Manzur, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz, Karen Manrique, Liliana Bitar y Juan Pablo Gallo, integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP). La hipótesis central de la investigación es que, a finales de 2023, habrían pactado con funcionarios del Gobierno del presidente Gustavo Petro la emisión de conceptos favorables sobre operaciones de crédito público, a cambio de una presunta “coima” traducida en proyectos de obra e interventoría gestionados desde la UNGRD por un monto de 92.000 millones de pesos. Los señalados han negado su participación en un acuerdo de esa naturaleza.
En el centro de la controversia interna de la Sala está la ponencia del magistrado Misael Rodríguez, quien lideró la fase de indagación. Según lo conocido del documento, su propuesta no se limita a impulsar el paso del proceso a juicio: también plantea medidas privativas de la libertad para cinco de los seis congresistas —todos menos Juan Diego Muñoz— con el argumento de que, por su poder político, su exposición pública y su capacidad de interlocución regional y nacional, existirían riesgos para la integridad del proceso.
El debate, no solo es jurídico sino también político. La ausencia de una decisión en la víspera electoral deja en el escenario a dos aspirantes a la reelección con margen para continuar su campaña sin un pronunciamiento de fondo: Karen Manrique, que busca llegar a la Cámara por las curules de paz, y Wadith Manzur, del Partido Conservador, que pretende dar el salto al Senado. En ambos casos, la investigación en curso no frenó la actividad proselitista: Manzur intensificó recorridos en distintos departamentos y Manrique mantuvo presencia activa en Arauca.
