¿Se trata de una advertencia general para todos los gobernantes regionales o existe algún destinatario específico sobre el cual el Presidente tenga razones particulares para poner la lupa?
La advertencia del presidente Abelardo De la Espriella sobre el manejo de los recursos públicos que el Gobierno nacional transfiera a las regiones merece ser tomada con seriedad. Nadie puede oponerse a que la plata de los colombianos sea vigilada y que quien la malgaste o se la apropie responda ante la justicia.
“Hay una voluntad de ayudar”, dijo el mandatario, pero advirtió que no aceptará que “se pierda un solo peso” y que él mismo verificará las obras financiadas con recursos enviados por la Nación. Y remató con una expresión contundente: “si se pierde un peso, el que toque la plata pública en la era del Tigre, termina preso”.
El mensaje tiene, sin duda, una intención legítima, dejar claro que durante su administración los recursos públicos no podrán convertirse en fuente de corrupción. Pero queda una pregunta que no debería pasar inadvertida, ¿se trata de una advertencia general para todos los gobernantes regionales o existe algún destinatario específico sobre el cual el Presidente tenga razones particulares para poner la lupa?
Si es lo primero, habría que decir que la generalización resulta injusta. En Colombia hay gobernadores, alcaldes, funcionarios y servidores públicos que manejan con honradez los recursos que reciben, cumplen las normas, ejecutan las obras y responden por cada peso que administran. No parece razonable que todos queden cobijados por la sospecha.
Si, en cambio, el Presidente tiene información, antecedentes o razones concretas para desconfiar de determinadas administraciones, lo conveniente sería que lo dijera con claridad. Señalar sobre cuáles ciudades o departamentos piensa ejercer una vigilancia especial permitiría entender el alcance de su advertencia y evitaría que esta se convierta en una sombra que cubra por igual a quienes cumplen y a quienes eventualmente no lo hacen.
Es verdad que en muchas regiones y Risaralda no es la excepción, se han presentado casos de corrupción, contratos cuestionados, obras inconclusas y recursos públicos que terminan en manos particulares. La historia del país ofrece demasiados ejemplos. Precisamente por eso son indispensables los controles, las auditorías y la vigilancia permanente sobre la inversión pública.
Pero también es verdad que existen administraciones transparentes, trabajadores públicos honestos y mandatarios que entienden que administrar el dinero de los ciudadanos es una responsabilidad y no un privilegio. A ellos también debe reconocérseles.
El Presidente tiene toda la autoridad para exigir resultados y anunciar que perseguirá la corrupción. Incluso es conveniente que lo haga con firmeza. Pero una cosa es advertir que habrá vigilancia y otra, muy distinta, sembrar la impresión de que todos los gobernantes regionales son sospechosos.
En un país donde la confianza ciudadana en las instituciones ya está bastante deteriorada, las palabras de quienes ejercen el poder tienen un peso enorme. Generalizar alimenta la desconfianza; identificar responsabilidades concretas, en cambio, fortalece el control.
La plata pública debe vigilarse hasta el último peso. Y quien la toque indebidamente debe responder. Pero también es justo que quienes la administran correctamente reciban la confianza que merecen.
