El ciudadano de bien no puede ser tratado como sospechoso permanente mientras el delincuente opera con armas ilegales y, muchas veces, con una inaceptable sensación de impunidad.
El levantamiento de la restricción para portar armas de fuego, que acaba de hacer el gobierno del presidente De la Espriella, cuando el ciudadano cuenta con un salvoconducto vigente de tenencia y porte, es una decisión que debe entenderse dentro de una realidad evidente, la seguridad de los colombianos no puede ser privilegio de los delincuentes.
Hasta ahora, quien necesitara o quisiera tener legalmente un arma, debía tramitar un permiso especial si quería portarla, aun cuando contara con un salvoconducto vigente. Mientras tanto, las estructuras criminales consiguen toda clase de armas en los mercados ilegales y las utilizan para atracar, extorsionar, asesinar, traficar y sembrar miedo en los poblados y regiones.
La nueva disposición corrige, al menos en parte, una situación que resultaba difícil de explicar. No parecía razonable que al ciudadano que cumple la ley, obtiene un salvoconducto y registra legalmente un arma se le impongan obstáculos adicionales para ejercer un derecho que le ha sido autorizado.
Obviamente levantar esta restricción no significa convertir las calles en un territorio armado. El porte de un arma implica una enorme responsabilidad y debe estar acompañado de estricto cumplimiento de las normas, capacitación, prudencia y absoluto respeto por la vida. Un arma no puede convertirse en instrumento para resolver discusiones personales.
Ahora, el verdadero desafío para el Gobierno está en otro frente, combatir con decisión el gigantesco mercado ilegal que abastece a las organizaciones criminales. De poco sirve facilitar el porte legal a un ciudadano, si los delincuentes continúan consiguiendo pistolas, fusiles y municiones por canales clandestinos, con absoluta facilidad.
Hay que perseguir a quienes trafican, venden y transportan esas armas. Hay que desmantelar las redes que las introducen al país y llegan con ellas hasta las bandas que operan en las ciudades y campos. La prioridad debe ser desarmar al criminal, no obstaculizar al ciudadano cumplidor.
La Policía y la Fuerza Pública necesitan mejores instrumentos para identificar esas redes, controlar las rutas del tráfico y recuperar las armas que están en poder de delincuentes. Y la justicia debe actuar con rapidez frente a quienes hacen del tráfico de armas un negocio.
La medida adoptada por el Gobierno es acertada si forma parte de una política integral de seguridad. El ciudadano de bien no puede ser tratado como sospechoso permanente mientras el delincuente opera con armas ilegales y, muchas veces, con una aberrante sensación de impunidad.
Colombia necesita recuperar la autoridad y garantizar el derecho de todos a protegerse y a vivir tranquilos. El porte legal exige responsabilidad, pero la lucha contra el mercado ilegal de armas exige todavía más firmeza. El verdadero reto es que las armas dejen de estar al alcance de quienes utilizan la violencia para someter a los colombianos.
