Lo que debe hacer el Presidente es rectificar el tono y reafirmar el respeto a las instituciones. La fortaleza de un gobierno no se mide por la capacidad de imponer, sino por la de convencer dentro de la ley.
La advertencia, con tono de amenaza, del presidente Petro de acudir a una nueva emergencia económica si el Congreso no aprueba la reforma tributaria que le ha ordenado preparar y presentar al Ministro de Hacienda, confirma una vez más que al actual mandatario no le importa ni la Constitución ni la ley que juró respetar y defender hace cuatro años.
Más allá del contenido de la iniciativa fiscal y la inoportunidad para hacerlo, lo verdaderamente preocupante es el mensaje, ya sin ningún recato y moderación, que se envía: la posibilidad de sustituir el debate democrático por decisiones excepcionales que además no parecen ajustarse a la regla, bajo la presión de un ultimátum político.
La Constitución contempla la figura de la emergencia económica como un recurso extraordinario, reservado para situaciones sobrevinientes y graves que no puedan ser atendidas por los mecanismos ordinarios. Convertirla en herramienta de presión frente al Legislativo desnaturaliza su propósito y erosiona el delicado equilibrio de poderes que sostiene el Estado de Derecho. No se trata de una simple diferencia de criterios, sino de una línea que no debe cruzarse.
El Congreso, con todas sus imperfecciones, es el escenario legítimo para la deliberación de las reformas tributarias. Allí se examinan los impactos y se ajustan las propuestas en función del interés general. Pretender condicionar su decisión mediante la amenaza de un decreto excepcional no solo deslegitima ese proceso, sino que debilita la confianza en las instituciones.
El respeto por la separación de poderes no es una formalidad, es una garantía esencial para la democracia. Cuando el Ejecutivo insinúa que puede saltarse al Legislativo si no obtiene el resultado esperado, se abre la puerta a un precedente peligroso. Hoy puede ser una reforma tributaria; mañana, cualquier otra política pública podría seguir el mismo camino, reduciendo los contrapesos y concentrando decisiones en una sola rama del poder.
Es probable que el país necesite una reforma fiscal que lo ayude a salir del atolladero en que lo ha metido la irresponsabilidad del actual gobierno; pero, primero este ya no tiene tiempo de prepararla y que el Congreso la estudie y la apruebe y segundo, se necesita que esta se tramite con todo el rigor institucional.
La estabilidad económica no se construye a partir de imposiciones, sino de consensos. El Gobierno tiene la obligación de presentar una propuesta sólida y el Congreso la responsabilidad de debatirla con independencia. Solo así se preserva la legitimidad de las decisiones y la confianza de ciudadanos e inversionistas.
La amenaza presidencial, en lugar de facilitar la búsqueda de una salida a la crisis fiscal, la tensiona irremediablemente. Lo mejor que puede hacer el presidente Petro es rectificar el tono y reafirmar el compromiso con las reglas del juego democrático. La fortaleza de un gobierno no se mide por la capacidad de imponer, sino por la de convencer dentro del marco de la ley.
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