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miércoles, abril 24, 2024

Irregularidades en el Plan de Alimentación Escolar en Belén de Umbría, Risaralda

La Procuraduría General de la Nación ha emitido una sanción de suspensión de cinco meses al exalcalde de Belén de Umbría, Risaralda, Jaime Grajales Serna (2012-2015), y al exsecretario de Desarrollo Comunitario, Héctor Fabio Alzate Bermúdez (2014). Esta decisión se debe a las irregularidades encontradas en la ejecución del Plan de Alimentación Escolar (PAE) en el municipio.

En una resolución de segunda instancia, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular concluyó que los exfuncionarios suscribieron un convenio utilizando recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) por un valor de 47 millones de pesos. El objetivo era complementar el almuerzo de los estudiantes y aumentar el número de beneficiarios en 237 cupos. Sin embargo, la administración municipal no cumplió adecuadamente con la prestación del servicio.

Durante la implementación del plan complementario del PAE, se detectaron diversas problemáticas, incluyendo la presencia de estudiantes repetidos en las bases de datos y la exclusión de otros alumnos que deberían haber recibido las raciones alimenticias. Además, se constató que la mitad de los establecimientos educativos del municipio carecían de restaurantes o comedores aptos para suministrar los alimentos.

El Ministerio Público resaltó que la falta de un análisis previo, el uso ineficiente de los recursos y el incumplimiento de las pautas del PAE por parte de los investigados resultaron en la afectación de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes que no recibieron el complemento nutricional diario, especialmente el derecho a la alimentación.

La Procuraduría hizo hincapié en que el daño al patrimonio económico público ocurrió debido al doble pago de la misma ración a 124 beneficiarios y a la falta de aumento del número de beneficiarios. Tales irregularidades no podían justificarse por la falta de infraestructura física para servir alimentos en las escuelas, ya que era responsabilidad de los entes territoriales suministrar a los alumnos porciones listas para su consumo.

La calificación de la conducta de los investigados por parte del órgano de control fue considerada como una falta grave cometida a título de culpa grave. Como resultado, la sanción impuesta a los exfuncionarios se convirtió en salarios básicos devengados para la fecha en que cometieron la falta, alcanzando un monto de un poco más de $15 millones para el exalcalde Grajales Serna y $12 millones para Alzate Bermúdez. Estas acciones buscan garantizar la transparencia y el adecuado manejo de los recursos públicos, especialmente cuando se trata de programas destinados a beneficiar a la población más vulnerable como los niños y jóvenes en edad escolar.

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