Una auditoría exprés de la Contraloría de Risaralda dejó en evidencia hallazgos administrativos, disciplinarios y de alcance fiscal de la gestión del Hospital San Jorge en el período 2018-2021.
Una denuncia presentada ante la Contraloría General de Risaralda mediante la cual se pidió investigar la decisión del Hospital San Jorge de Pereira de levantar el embargo de las cuentas de la EPS Medimás y el trámite presuntamente irregular de un contrato para realizar el catastro físico del centro asistencial, derivó en una serie de hallazgos que fueron objeto de debate ayer en la instalación del período de sesiones ordinarias de la Asamblea Departamental.
Con base en dicha queja, el despacho fiscalizador adelantó una auditoría exprés en el período 2018-2021 la cual concluyó con cuatro hallazgos de carácter administrativo, dos con presunto alcance disciplinario y dos por presunto alcance fiscal, según lo advirtió el Contralor encargado Mateo Cadavid Jaramillo, al intervenir en la plenaria de la Asamblea.
Foto: SuministradaEstos hechos están relacionados con el levantamiento de la medida cautelar que el Hospital había aplicado en contra la EPS Medimás para recuperar los dineros adeudados, las deficiencias y falencias en el proceso de contratación de la consultoría del Catastro Físico Hospitalario, las deficiencias en la función de supervisión al permitirse retrasos en los pagos al personal contratado por una empresa de servicios temporales y la demora en el pago de la seguridad social y parafiscales del personal vinculado a través de empresas de servicios temporales.
La Contraloría General de Risaralda dio trámite de los hallazgos con alcances fiscales y disciplinarios a la Procuraduría General, en tanto que hoy los diputados acordaron también hacer traslado de ellos a la Fiscalía General para el tema penal.
CASO MEDIMÁS
El 11 de mayo de 2021, el Hospital y Medimás suscribieron un acuerdo de pago por $35.000 millones que debía hacerse efectivo en 20 cuotas mensuales de $1.750 millones, más el compromiso de un giro directo por $3.000 millones, que debían comenzar a cancelarse el 30 de mayo de ese año.
Debido al incumplimiento de ese acuerdo, el 12 de noviembre del 2021 el hospital notificó a Medimás, a través de la firma Sinergia Procesos, del cobro coactivo de esos dineros, ante la evidencia de la existencia de una obligación clara y expresa de esa EPS por la suma de $27.811.205.342 más los intereses de mora.
Ese mismo mes, la entonces gerente del Hospital, Nini Lorena Acevedo Pérez, fue invitada a Bogotá por la EPS Medimás con la intención de renegociar el acuerdo de pago que habían incumplido, a lo cual la funcionaria se negó en forma rotunda. En consecuencia, el 16 de noviembre se notificó a la Jefe del Centro de Embargos del Banco de Bogotá la medida cautelar sobre seis cuentas que Medimás poseía en dicha entidad bancaria y donde contaba, en ese momento, con saldos por más de $47.000 millones.
Según denunció la Contraloría de Risaralda, el 15 de noviembre la nueva gerente del Hospital, María Elena Ruiz, “tomó la decisión unilateral de levantar la medida cautelar a las cuentas de Medimás sin el lleno de los requisitos legales, violando las disposiciones contempladas en el manual de funciones, el estatuto tributario y las resoluciones internas”, al tiempo que suscribió un nuevo acuerdo de pago con Medimás con un primer pago de $5.000 millones en diciembre y pagos mensuales sucesivos de $4.250 millones hasta completar los $27.811 millones. Dicha decisión no fue avalada por la abogada Gloria Patricia Mesa, que en esa época ejercía como asesora jurídica y quien en la plenaria de la Asamblea ayer reveló que nunca fue consultada por la gerente sobre el tema.
Lo particular del caso es que en marzo del 2022 la Superintendencia de Salud ordenó la liquidación de la EPS Medimás dejando en el aire el acuerdo de pago y originando un presunto daño patrimonial al hospital por la suma de $15.513 millones.
EL CASO CATASTRO
En el 2018, el Hospital San Jorge suscribió el contrato 312-2018 con Mauricio Castro Soriano por valor de $749.082.081 para adelantar una consultoría para el catastro físico hospitalario en un plazo de cinco meses.
Al respecto la Contraloría encontró irregularidades en los estudios previos, al punto que éstos no aparecen firmados por nadie, no hubo responsables en la elaboración de los presupuestos y estudios de mercado, el presupuesto oficial estaba sobrevalorado, en algunas zonas del hospital no se hizo ningún levantamiento aunque el contratista cobró por todas las área del hospital e hizo retenciones del IVA que no giró a la DIAN en su oportunidad.
Anota la Contraloría que “La ESE Hospital Universitario San Jorge, incurrió en un gasto innecesario y las personas que en su momento se encargaron del proceso debieron advertir que la Resolución 0293 de 2004 no le aplicaba a la entidad, dado que es para Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud del primer nivel y el estudio previo se fundamentó principalmente en una norma que no le aplicaba a la entidad”.
PLAN DE MEJORAMIENTO
El Contralor encargado de Risaralda, Mateo Cadavid Jaramillo, explicó que en cuanto a los hallazgos de carácter administrativo la Contraloría pidió al Hospital suscribir un Plan de Mejoramiento, conforme a los lineamientos de la Resolución 0177 de 2021, a fin de erradicar de fondo las deficiencias notificadas.
Ayer en la sesión plenaria de la Asamblea Departamental, el gerente del Hospital San Jorge, Javier Alejandro Gaviria, informó que dicho plan fue presentado a la Contraloría el pasado 17 de enero y tendrá su primer ejercicio de evaluación en el presente mes de marzo. “Hemos adoptado las medidas correctivas del caso procurando hacer bien las cosas para no incurrir en fallas en los distintos procesos”, indicó Gaviria.
REACCIONES
Los diputados Diego Naranjo, Daniel Silva y Durguez Espinosa, quien intervinieron en el debate, resaltaron la gravedad de los hechos detectados por la Contraloría en el período 2018-2021 y pidieron que se de traslado de los hallazgos también a la Fiscalía General para las investigaciones de carácter penal a que haya lugar.
